De las recompensas a las políticas educativas

Sugiere el Gobierno que para efectos de un mayor control de la dramática situación que se vive en Medellín, en donde Medicina Legal registró 2.178 homicidios ocurridos en 2009, para un incremento del 108%, es preciso que los jóvenes que estén estudiando se vinculen a los programas de informantes originalmente ideados para enfrentar la subversión. De no prosperar el sinnúmero de críticas que le han llovido a la polémica propuesta, en adelante habrá una política de Estado que le ofrece a la juventud colombiana $100.000 mensuales por ingresar a la guerra en calidad de informante.

En la medida en que los jóvenes son parte de la población más vulnerable que tiene el país, no se entiende cómo una directiva estatal puede pretender que la solución a la criminalidad que aqueja Medellín pasa por su peligroso involucramiento. Antes que preocuparnos por si entran a la guerra, por si contribuyen con el escalamiento militarista que le sigue a toda confrontación con los violentos, deberíamos asegurarnos de que la información que el Gobierno supone que los jóvenes cargan consigo no les impedirá pasar la página y continuar adelante con sus vidas. Los queremos fuera y no dentro del conflicto, pero con esta nueva iniciativa, el ciclo de la guerra en Colombia, el mismo que los convierte en víctimas y victimarios, difícilmente llegará a su fin.

No parece, entonces, que el Gobierno haya sopesado las consecuencias antes de lanzar tan errática propuesta. El deber ciudadano ante el delito, que es el caballo de batalla con que se suele justificar la existencia de estas redes de cooperantes, no se construye por la vía de los incentivos económicos. Construir soplones va en contravía de conceptos menos efectistas y más elaborados y dignos de respeto como los que supone una cultura cívica y realmente democrática. Este no es propiamente el lejano oeste y la mercancía, cualquiera sea su valor, no hace ciudadanos.

Al final, lo que con seguridad habrá ayudado a consolidar el Gobierno es otro sistema de arreglo de cuentas en el que las denuncias proliferan, las más sin razón alguna, crecen las estigmatizaciones y se coartan libertades. A cambio de unos cuantos miles de pesos, y como si no hubiésemos aprendido nada con tantas y tan desafortunadas aventuras político-militaristas en las que el Estado cede sus funciones ante terceros, estaremos ante otra justicia privada que llega para quedarse y de la que no sabemos a ciencia cierta en qué se convertirá. Inaudito.

Por lo demás, que los elegidos por el Gobierno para ingresar a sus redes de informantes sean justamente quienes han tenido la fortuna de contar con algún grado de formación envía un mensaje que es, como mínimo, contradictorio. A título de bonificación las recompensas, por una vez, debieran ser para los que se resisten a entrar a la guerra y precisan, por lo mismo, de alicientes para la educación.