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Una iniciativa positiva, que reitera el compromiso del alcalde Samuel Moreno con la que fue su bandera de campaña, despeja de alguna manera las dudas que surgieron cuando se habló de la posibilidad de que el Tren de Cercanías fuese en realidad la primera fase del metro, y permite que la ciudadanía conozca los retos ya no sólo de la construcción del metro, sino de la movilidad en general.
Los posibles mecanismos de financiación del metro y el cronograma de actividades propuesto por la Alcaldía figuraron entre los temas de mayor importancia. Los diseños tienen un valor de 8 millones de dólares y el nombre de la empresa encargada de hacerlos se dará a conocer a finales de septiembre. El presupuesto de la primera línea se estima en 3.000 millones de dólares y ya desde abril de este año el BID le ofreció al Distrito un préstamo de 2.500 millones de dólares. Junto a este, ahora que Planeación Nacional ha manifestado que “los recursos son escasos” y que la Nación no podrá colaborar antes de 2017, momento en el que vencen sus compromisos con Transmilenio, se sabe que el Distrito considerará el aprovechamiento del impacto urbano que tiene la construcción del metro en la valorización de determinados predios como mecanismo de financiación.
El cronograma lo estructura el acuerdo tácito que existe frente a la necesidad de integrar los diferentes medios de transporte que con muchos esfuerzos ha ido construyendo la ciudad. No hay cabida, en este espacio, a la inoperante discusión sobre si se hace el metro o se continúa con la construcción de troncales de Transmilenio. Más allá de que la troncal de la carrera séptima haya quedado relegada al silencio y de que no se sepa cuál será en últimas el futuro del transporte sobre la histórica avenida, la construcción de las troncales de las carreras 10ª y 26 seguirá su curso de manera paralela y no antagónica a lo que será el inicio de las obras del metro.
Según el Alcalde, a finales de este año se abriría la licitación de rutas y empresas que operarán el transporte público en Bogotá, que agruparán a las 66 que ya existen y que entrarían a operar en el marco del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). A finales de 2009 se dará la apertura de la licitación para la construcción de la primera línea del metro y antes de 2010 comenzarían las obras. Ya para 2010, el transporte colectivo se integraría a Transmilenio.
Todo lo cual, si bien sobre el papel está claro y suena prometedor, sigue siendo enteramente esquivo frente al tema de las mafias que controlan el transporte público y que históricamente se han convertido en una de las trabas de la movilidad en Bogotá. De nada sirve que el Alcalde se lamente por las limitaciones de Transmilenio y el hecho de que los problemas de movilidad permanezcan aparentemente intactos —una tesis más bien débil si se piensa que Bogotá ciertamente no era la misma antes de que Transmilenio surgiese—, si no se aborda con seriedad el tema del desmonte de las mafias que controlan el transporte público.
Como éste que se celebró, la ciudadanía merece de parte de la Alcaldía un foro que profundice en este engorroso y delicado tema que no fue resuelto por ninguna de las administraciones anteriores. Es la hora en que no se sabe qué tipo de negociaciones se adelantan con los dueños del trasporte colectivo. No se conocen sus nombres, su procedencia, sus relaciones con algunos concejales ni la envergadura real de su poder.
Bienvenidos entonces los esfuerzos que se adelantan por hacer de la construcción del metro y del Sistema Integrado de Transporte una realidad tangible y que desborda la pugnacidad política. Pero nada de ello se logrará, empezando por el cronograma propuesto, si no se enfilan las baterías hacia el desmonte inmediato de quienes, en últimas, depende la movilidad de la capital.
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