Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Lo primero que resulta refrescante es comprobar que sí había mecanismos. Se veía (y nos incluimos) cerrado el camino al alcalde, y apenas se vislumbraba la remota posibilidad de unas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar el implacable fallo del procurador Ordóñez. Pero no. Instancias sí hay en el derecho interno y el abanico se abre de aquí en adelante.
Insistimos en un punto, reiterado en este espacio desde el primer día de este complejo episodio: la democracia se encarga de encontrar el camino para frenar los excesos. Ese es uno de sus mayores encantos. Y si bien nadie niega que el alcalde Petro fue arrogante en el manejo que dio a su esquema de basuras y, por ello, tuvimos las calles de la capital tres días llenas de desechos (sin contar con los costos en que se incurrió para terminar al final contratando de nuevo a los privados que se pretendía remplazar), seguimos creyendo que el fallo de la Procuraduría fue desproporcionado. Y si bien, no sin razón, Ordóñez dice que cumple con la ley, su institución, así como el desborde de su poder, son algo que raya en la injusticia. De ahí lo positivo de que existan frenos.
Entremos en materia, sin embargo. La decisión que suspende provisionalmente el fallo de la Procuraduría es —no sobra decirlo— una verborrea jurídica de 21 páginas, en ocasiones ininteligible. Argumentos atropelladamente expuestos, escritos más como si se tratara de la tutela misma (el fondo del asunto) y no de una medida provisional: en vez de justificar ese punto, que debería ser el centro del documento, lo despacha en una línea. Y los vicios: nos enteramos el mismo día de la suspensión del fallo de que la esposa del magistrado José María Armenta, Cecilia Calderón, es jefa de activos fijos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Oh sorpresa: ¿no debió declararse impedido el juez para tomar una decisión que afecta, de manera directa o indirecta, a su esposa? Y ya en esto: ¿no tendrá nada que decir, mucho más allá de la independencia judicial, el Consejo Superior de la Judicatura?
Porque sí, es reconfortante que la democracia encuentre el contrapeso a una entidad desbordada en su poder, que destituye a un funcionario elegido popularmente, a título de dolo, por conductas que, aunque cuestionables, dudosamente rayaban con lo criminal. No necesariamente para echar abajo la medida, sí para que supere una instancia más confiable. Pero así no. No con tantas dudas en un solo paquete de noticias.
Con todo, lo bueno es ver que la democracia abre caminos. Y esa es nuestra esperanza. Más instancias: no solamente en el tribunal que, ya en sala, deberá decidir el futuro del fallo contra el alcalde, sino en el Consejo de Estado y, finalmente, en la Corte Constitucional, máximo organismo de cierre en esta materia. Eso en lo jurídico. Y las normas bien aplicadas, de forma razonable, podrían otorgar una respuesta mucho más limpia que las que hasta ahora hemos tenido. En lo político, el alcalde gana tiempo. Para serenarse y entender que la rebelión contra las instituciones no es el camino, para gobernar en este tiempo ganado, ojalá, porque la ciudad lo necesita. La democracia en acción empieza. Que llegue a la meta correcta es la esperanza..