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El actuar del concejal Julián Osorio, en Manizales, fue cruel. También se trata de una prueba más en una larga cadena de evidencias sobre por qué la regulación del transporte público en Colombia está en mora de ser actualizada. Pese a las promesas, el gobierno de Iván Duque y su Ministerio de Transporte fracasaron en ese objetivo. ¿Será que el nuevo Congreso y quien sea que llegue a la Casa de Nariño tomarán por fin el liderazgo? La historia nos invita a ser pesimistas.
Osorio, quien fue taxista durante más de una década, ahora es concejal por el Centro Democrático en la capital de Caldas. En un acto de incomprensible ruindad abordó un carro gracias a la aplicación InDriver, similar a Uber y a DiDi, solo para denunciar al conductor en un retén de policía. En un video que se hizo viral en redes sociales, se escucha a Osorio: “Yo le colaboro”, le dice al conductor, “diciéndole que usted viene prestándome un servicio de InDriver. Y que usted está prestando un servicio ilegal. Esa es la colaboración que yo le puedo hacer. Que eso no está permitido en Colombia y mucho menos en Manizales. Acá se respeta esta ciudad, mi amigo”. La policía sancionó al conductor, Carlos Jaime Gutiérrez, y decomisó el carro.
¿Qué fin cumple esta medida? ¿Por qué el concejal, al sol de hoy, cree que tomó una decisión adecuada? “Nosotros seguiremos con la frente en alto”, dijo Osorio, ofreciendo disculpas a Gutiérrez por haberlo vuelto viral, mas no por la denuncia. El gremio de taxistas celebró lo ocurrido por tratarse de una lucha contra la ilegalidad. Pero la situación es mucho más compleja y frustrante que el relato del justiciero denunciando ante las autoridades a un actor ilegal.
La regulación sobre estas aplicaciones sigue estando en un limbo. Pese a decisiones en contra tomadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, hoy InDriver y similares operan bajo el modelo de “arrendamiento de carro”. En la práctica, es lo mismo que han hecho siempre, que es prestar un servicio público a través de carros particulares, pero sobre el papel se trata de un contrato legal en el que las plataformas son simples intermediarias. ¿Se trata de una maroma jurídica que no aporta a solucionar los problemas de fondo? Sin duda. Pero hablar de ilegalidad es irresponsable.
Debido a la incapacidad del liderazgo político, hoy los conductores de aplicaciones se enfrentan a la incertidumbre diaria. La policía queda con discrecionalidad para imponer sanciones, los taxistas siguen promoviendo la idea de la ilegalidad y las aplicaciones esquivan los pagos justos de seguridad social y otras medidas que nivelarían la competencia entre taxis y particulares.
En el fondo, el problema de la ausencia de regulación es una tragedia humana. Gutiérrez contó la historia de miles de conductores en su misma posición: “Por necesidad abrí la aplicación porque no tenía plata para la comida y para el hotel. Me puse a sacar InDriver y, desafortunadamente, el primer servicio que hice fue el del concejal que me llamó y me tendió la trampa”. La pregunta, entonces, no solo es qué ganamos con la denuncia del concejal, sino qué consigue Colombia manteniendo la ambigüedad normativa. La respuesta es clara.
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