Desnudadas ante el Inpec

Pero el alto tribunal fue inteligente, ya que abordó también los otros problemas que no se comentan tanto: los bajos índices de resocialización, la precariedad de los programas educativos o de trabajo, la inexistencia de las zonas de esparcimiento, los pocos derechos que los reclusos pueden ejercer —pero que tienen— ocuparon la otra parte del fallo.

Una a una, y puede decirse con plena tranquilidad, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que son por cierto obligatorias para Colombia, son incumplidas sistemáticamente en los centros carcelarios y penitenciarios del país. El estado de cosas inconstitucional, a nuestro juicio, persiste en los hechos que juzgamos a diario.

Tanto es así, que el pasado viernes un grupo de mujeres decidieron caminar desnudas desde la Torre Colpatria, en Bogotá, hasta el Ministerio de Justicia, clamando por los derechos de sus familiares que están presos. Los testimonios de las personas que salieron a marchar son variados: no hay dónde bañarse, la comida es precaria, no hay cuarto propio para algunos de ellos, prima la ley del dinero para comprar derechos, para algunos aún no ha habido una sentencia en propiedad, entre otras cosas. Pese a su variedad, el denominador común es uno solo: la ausencia de derechos.

El fin de la prisión (resocializar a los individuos brindándoles herramientas y nuevas oportunidades para que vuelvan a la sociedad) no se está cumpliendo en Colombia. Y esto es grave. En vez de afanarse por responder a estas notas periodísticas (el sábado nuestra portada fue ocupada por estas mujeres) prometiendo más cárceles o reformando el Inpec de cabo a rabo, los gobiernos de Colombia, sus legisladores y los jueces deberían pensar en cambiar de una vez la política punitiva que llena las cárceles a reventar.

El sistema no aguanta. De vez en cuando esto se nos es recordado de una forma muy viva: esta vez fueron las mujeres desnudas; mañana, quién sabe. La reforma a lo represivo del régimen penal debería darse pronto. Con esto nos referimos, por ejemplo, a las penas altas por delitos insignificantes o contravenciones, o a la mentalidad de que todo buen castigo es uno que se pague en la cárcel. Asimismo, los jueces penales deberían cambiar su costumbre de aplicar a rajatabla la detención preventiva: la mitad (nada menos diciente) de los internos en Colombia están a la espera de un juicio. ¿No existen, acaso, otras formas de aguardar la pena con las que se debería experimentar? Parece que, por defecto, la gente va a la cárcel a esperar una condena o una absolución y esto, además de ser injusto, es arbitrario, absurdo y, sobre todo, inconveniente.

El Gobierno puede cambiar su discurso (lo ha hecho con respecto del anterior, pero no parece suficiente) en torno a encarcelar a la gente por diversas conductas. La cultura carcelaria no parece haber funcionado en Colombia ni tampoco en América Latina. ¿No es esta, pues, una señal evidente? Según el Inpec, la cifra de hacinamiento es del 39,5%. Vamos a ver hasta dónde sigue aguantando mientras esta modalidad punitiva se mantenga.