Después de la indignación

Para que este fenómeno se dé, hace falta que el mercado opere: una relación simbiótica entre oferta y demanda que es regulada por su mano invisible. Una realidad alienta la existencia de la otra: 2.135 niños y adolescentes fueron rescatados en Colombia entre 2011 y 2013, según el ICBF. La cifra negra (es decir, lo que las autoridades desconocen) debe ser de una escala mucho mayor: un mercado entero en el que se negocian los derechos sexuales y reproductivos de un menor de edad. Ya que está visualizada la problemática, es el momento indicado de combatirla sin ningún tapujo, echando mano de las herramientas que existen para impedir que el círculo vicioso siga reproduciéndose.

Están las policivas, claro. Es un problema que (en parte) tiene que ver con una incapacidad administrativa para lidiar con una conducta prohibida. Un aplauso merecen los operativos que se vienen haciendo durante las últimas semanas. La pasada, por ejemplo, realizada en el centro de Medellín por parte de la Policía Metropolitana y la Alcaldía Municipal, que llevó al sellamiento de siete hoteles y dos bares, donde se daban impunemente esos delitos.

Lo fácil hubiera sido reforzar la indignación que generó el informe periodístico y que todo siguiera igual. Por fortuna esa no ha sido la actitud. Aníbal Gaviria, el alcalde de esa ciudad, le dijo a este diario que están contemplando la forma de aplicar el artículo 15 de la ley 1708 de 2014, a saber, la extinción de dominio para los bienes que promuevan la explotación sexual. “Una de las inquietudes que la ciudadanía tiene en cuanto a las acciones contra la explotación sexual de menores es cuánto tiempo van a permanecer esos establecimientos cerrados… Cuando el lugar vuelve a abrir, el ciudadano pierde confianza”. Por ahí es la cosa.

Asimismo, se ha creado un comité de trabajo permanente para combatir dicho flagelo, con el anhelo de que el director seccional de la Fiscalía conforme un equipo de tareas especiales, integrado por fiscales e investigadores, que se dedique exclusivamente a la indagación de este tipo de delitos.

Pero las acciones (está bien, por ejemplo, que en noviembre Colombia ingrese al Virtual Global Taskforce, una especie de policía internacional contra los crímenes sexuales virtuales) no deben parar en lo punitivo. Mucho es lo que puede hacerse a nivel social. Íngrid Rusinque, directora de Protección del ICBF, asegura por ejemplo que dos son los factores que permiten la oferta: la falta de charlas de los padres con los hijos —una simple labor de pedagogía básica— y el uso irresponsable de redes sociales, por donde la mayoría de menores son contactados. Que nuestras ciudades sean nombradas como burdeles, más que por la irresponsabilidad de un periodista extranjero, es por la nuestra. Que se acabe, pues.