Donald Trump, en la silla de los acusados

La imputación formal contra Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, por un posible delito sienta un muy importante precedente para la democracia del país del norte. Es la primera vez que un exmandatario estadounidense responderá ante un gran jurado por hechos que se darán a conocer mañana, cuando comparezca ante el tribunal para ser notificado. Lo jurídico, que debería ser la única consideración válida pues la Fiscalía debe demostrar la culpabilidad, está siendo politizado de manera irresponsable por Trump y su partido, poniéndolo en la categoría de víctima. Es muy grave que este haya llamado a protestas masivas y advertido del riesgo de “muerte y destrucción”.

Nadie, ni siquiera un expresidente, puede estar por encima de la ley y la justicia debe ser aplicada para todos por igual. La independencia de poderes y el respeto de la ley son fundamentales en una democracia. Además del actual caso, Donald Trump está involucrado en otros mucho más graves. En Georgia podría ser imputado, junto a otras personas, por intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El Departamento de Justicia adelanta dos investigaciones: una por los intentos de Trump de impedir el traspaso pacífico del poder el 6 de enero de 2021 y otra por el indebido manejo de los documentos clasificados que fueron retirados de la Casa Blanca y llevados a Mar-a-Lago, su residencia privada en Florida. También hay demandas civiles por inflar, de forma “flagrante” y fraudulenta, el valor de sus activos inmobiliarios. Hay otras más. Él ha negado siempre las acusaciones.

El que Alvin Bragg, fiscal del Distrito de Manhattan, haya considerado que existen serios indicios de la comisión de un delito y que lo haya respaldado un gran jurado avala la reciente acusación formulada. Bragg deberá demostrar que, durante la campaña que lo llevó a la Presidencia, Trump utilizó dinero para que la actriz porno Stormy Daniels no divulgara la relación que mantuvieron, pues eso afectaría su imagen de candidato. El hecho en sí es un delito menor, pero si el fiscal logra probar, además, que el dinero vino de aportes hechos a la campaña, se convertiría en un delito mayor. Ya hay un condenado por el hecho: Michael Cohen, entonces abogado del exmandatario, lo que le da mayor solidez jurídica al caso.

Con la habilidad política que lo caracteriza y sin ningún recato, Trump utilizará el juicio para argumentar que un Estado corrupto quiere apartarlo de la campaña, lo que va a impulsarlo aún más en su aspiración. Las encuestas lo sitúan muy por encima de su rival del Partido Republicano Ron DeSantis, gobernador de Florida. De esta manera pretende blindarse frente a las decisiones judiciales. En caso de que no se logre comprobar la comisión de los posibles delitos, Trump podrá decir que todo fue un complot en su contra y que demostró su inocencia. Y en caso de que sea condenado, dirá que se trató de una confabulación para sacarlo del juego político y que, a pesar de ser inocente, fue condenado de manera injusta. Sus seguidores, entre los cuales un 70 % cree que hubo fraude en las pasadas elecciones, le darán total credibilidad. No hay que olvidar que hace cinco años, en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, les dijo a los trumpistas: “Tengo a la gente más leal (…) Podría pararme en mitad de la Quinta Avenida, dispararle a la gente y no perdería votantes”.

Al muy grave daño que ya les hizo Donald Trump a las instituciones durante su paso por la Presidencia ahora se añade este nuevo episodio que pone a prueba, una vez más, la solidez del sistema judicial en Estados Unidos. Si la justicia es para todos y quien viole la ley debe responder ante un tribunal con jurados independientes, nadie, ni siquiera un expresidente, puede estar por encima de la ley. No puede ser de otra manera y menos aún en un Estado de derecho.

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