Dos reformas

Juan Manuel Santos se ha caracterizado por ser un presidente pragmático, que cede ante la oposición, que se retracta (sólo los imbéciles no lo hacen, dijo en su campaña), que logra consensos importantes. Y así, tal cual, armó su gran coalición de Unidad Nacional, que en el Congreso, en ocasiones con algo de reticencia, le aprobó sus dos grandes reformas propuestas hace ya bastante tiempo. Generar gobernabilidad es bueno. Tener un Congreso que aprueba reformas a pupitrazo es perjudicial para la democracia. Y el Congreso de este período, no sobra decirlo, rebotaba entre una y otro como una pelota.

La reforma a la justicia era una oportunidad perfecta, valiosa, casi única en los años recientes (a ningún mandatario le sobrevivía una reforma judicial más allá del primer debate) para modificar desde la médula misma del sistema jurídico las fallas endémicas que tiene la justicia colombiana. La congestión, el acceso, la prontitud, la efectividad de la misma.

Pero se quedó corta. Hay cosas útiles, como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Hay cosas perjudiciales, como las funciones judiciales a personas privadas (abogados y notarios). Pero lo que realmente entristece es el camino vergonzoso que recorrió toda la reforma. De ser un debate entre partes, entre expertos a veces, se convirtió en una forma de legislar en causa propia, de ver a quién le tocaba una tajada más grande del pastel. Son tan indignos los beneficios para los congresistas, que difícilmente serán investigados seriamente en el futuro, como los otorgados a sus jueces y controladores, que se podrán quedar en sus cargos varios años más (prerrogativas que la Corte Constitucional, hace unos años, negó para alcaldes y gobernadores).

Lo más perverso es que esta es una medida de nivel constitucional, no una ley cualquiera. Es una norma con vocación de permanencia que tiene jerarquía total sobre las demás leyes que el Estado expide. El Gobierno ha permitido, pues, por no molestar a su bancada, un verdadero perjuicio para el país y de largo aliento.

Se aprobó también el Marco Legal para la Paz, pese a fuertes críticas y algunas modificaciones finales que redujeron el espacio a eventuales beneficios para responsables de delitos de lesa humanidad. Se pretende que esta modificación a la Constitución sea el camino para resolver el conflicto armado por medio del diálogo. Se trata en realidad de apenas los lineamientos generales, de una forma ciertamente indeterminada, que deberán irse adecuando en cada caso particular, con leyes estatutarias que no riñan con lo establecido en la justicia transicional a nivel internacional (normativas que, de hecho, son cada día más exigentes).

La pregunta, claro, es por qué el Gobierno se la jugó a fondo para sacar adelante este marco legal tan general. ¿Tiene el presidente Santos alguna agenda programada para negociar, en efecto, con grupos armados al margen de la ley? A Santos le quedan un par de años de gobierno y si no usa pronto su valiosa “llave para la paz”, ésta se va a quedar sin objeto al cual aplicarse. Es por eso que, definitivamente, tiene que empezar a mover sus cartas (hasta ahora desconocidas) para lograr esa oportunidad única de llegar a la paz por medio de un diálogo.

La legislatura deja entonces, a la par de otra cantidad de leyes que comentaremos en su momento, una reforma perjudicial sobre todo por el mensaje de impunidad y prebendas mutuas entre los más poderosos que ha transmitido, y otra que, en medio de su vaguedad, puede representar beneficios cuando se le comience a meter la sustancia.