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El problema de esto es, sobre todo, que con estas acciones el presidente parece querer mostrar estas medidas como la solución de fondo para acabar con el problema (con los cientos de problemas) de las drogas. Y eso, en plena campaña electoral, puede funcionar como imagen. Pero no mucho como solución.
Mucho había avanzado el presidente Santos en sus discursos sobre el tema: desde abrir camino en el mundo para que se debatiera sobre un enfoque distinto a la lucha contra las drogas, hasta promover una ley, como la 1566 de 2012, que convirtió el consumo de sustancias ilícitas en un asunto de salud pública. Da al traste, entonces, su nueva estrategia frente al enfoque y al cambio que había defendido en este aspecto.
En primera medida porque, a la par de este tipo de acciones (que deberían ser más cuidadosas que la simple y burda destrucción de una casa), tienen que planearse otras de mayor calado: centros de atención para los adictos, puestos de información, alternativas en salud para los consumidores ocasionales y problemáticos, regulación del mercado de drogas blandas como la marihuana, entre otras. Y, más que fuerza, Estado: educación, salud, inclusión, trabajo… Un plan, mejor dicho. La estrategia, sin embargo, se nos antoja muy nebulosa: “Ahora en esta casa va a funcionar algo que beneficie a la comunidad. Me dicen que un comedor”, le oímos decir al presidente.
En segunda medida, estas demoliciones no sirven de mucho. Atienden, sí, aquella teoría que la criminología dio en llamar de las “ventanas rotas”, que consiste, muy prosaicamente explicada, en que sitios de mal aspecto y descuidados promueven por sí solos la criminalidad. Transformándolos, los fenómenos delictuales se van yendo. Pero si no se atiende el problema de fondo (que en este caso es el no entendimiento pleno del consumo), los criminales, así como sus víctimas, simplemente migrarán a otra parte. Y no es eso, ciertamente, lo que queremos como sociedad. Queremos una solución de largo plazo que pueda situar al consumidor problemático donde es: lejos del crimen, como una persona con derecho a la salud.
Claro que esto luce bien ante las cámaras de televisión. El Estado (con el presidente-candidato mismo al lado de una retroexcavadora) dando muestras de que las cosas sí se están haciendo es una imagen positiva con la que las personas se pueden quedar. Pero si quiere acabarse con el fenómeno, o por lo menos mitigarlo, muchas medidas, de otra índole, hacen falta. Que no se nos vaya mucho la vista, entonces, en esto. Porque no soluciona los problemas que el mismo presidente Santos conoce con precisión. Ya va siendo hora de dar un paso adelante en este capítulo de la venta, consumo y redes criminales provenientes de las drogas, más allá de las cámaras de televisión.