El caso Uribe y la vigencia de la autonomía judicial

De todo lo que funcionado mal dentro del proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tal vez lo más increíble sea que el país lleve ya cinco años en medio de uno de los casos más importantes de su historia política reciente y todavía estemos lejos de alguna resolución, y más bien camino hacia una prescripción por términos cumplidos. De celebrar, eso sí, está que la Rama Judicial haya hecho un ejercicio contundente de su autonomía, aun en contra de los deseos de una Fiscalía que parece convencida de que su rol es defender al líder político del Centro Democrático. La negación de una segunda solicitud de preclusión es un fracaso estruendoso para el ente investigador y deja a todos los involucrados en vilo, con todos los efectos que eso tiene en el debate democrático nacional.

Desde el principio, la investigación contra el expresidente Uribe por fraude procesal y soborno puso en tensión la institucionalidad. Se trataba de la Corte Suprema de Justicia llevando un proceso contra el entonces senador que había ostentado el fuero presidencial. En aquel momento la legitimidad de las altas cortes fue cuestionada desde los discursos políticos e incluso el mandatario del momento, Iván Duque, hizo indebidas intervenciones públicas sobre la labor de los jueces. En aquel momento, como ahora, abogamos por la misma idea: respetar el debido proceso, confiar en las instituciones y respaldar las reglas que existen en Colombia. No se trata de prejuzgar al expresidente Uribe, sino de darle todo el espacio para su defensa y que un juez autónomo pueda tomar una decisión que le explique al país qué fue lo que ocurrió.

Lo que hemos visto, por fortuna, es que estos años la institucionalidad ha podido actuar con solidez e independencia. Esto nos aterriza en un galimatías jurídico: pese a que la Fiscalía ha intentado ya en dos ocasiones precluir el caso contra el expresidente Uribe, dos juezas de la República, en dos instancias distintas, le han dicho al ente investigador que no hizo bien su trabajo. La más reciente, la jueza Laura Estella Barrera, del Juzgado 41 Penal de Bogotá, dijo que “contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”. También acusó de “ingenuidad” el trabajo del ente investigador, una de las múltiples razones por las que negó la preclusión.

La Fiscalía apeló, por supuesto, y por lo menos mientras Francisco Barbosa esté a la cabeza de la entidad seguirá insistiendo en la preclusión, pero no es comprensible insistir en la negligencia. La Corte Suprema de Justicia encontró indicios para avanzar en el proceso penal, misma conclusión a la que llegaron dos juezas independientes. ¿No sería momento, más bien, de que el ente investigador evaluara su trabajo y su rol? Un caso tan delicado ya debería estar resuelto, de una u otra manera, y en cambio lo que tenemos es a la Rama Judicial cumpliendo de nuevo con la obligación de corregir el trabajo de la Fiscalía de manera pública. ¿Cómo esperamos que los colombianos confíen en el proceso? Esa es una pregunta que el ente investigador debería hacerse mientras el caso Uribe continúa sin fin en el horizonte.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.