El corto y mediano plazo de la energía en el Caribe


Al hablar de los costos de la factura de energía eléctrica, el primer paso necesario es reconocer que los habitantes de la región Caribe llevan muchos años de frustración y tarifas indignas. Las protestas ciudadanas que se han visto este año, a menudo injustamente ignoradas por el debate público nacional, son solo el síntoma de poblaciones enteras exhaustas de enfrentarse a lo impagable sin respuestas de los involucrados. Negocios que cierran por no tener cómo cubrir los costos de la luz, familias que deben elegir entre pagar la factura o poder comer en un día, frustración que se convierte en violencia… Todo lo hemos visto y ha pasado mucho tiempo sin que haya soluciones. Por fortuna, tanto el Gobierno nacional como los gremios del sector parecen dar luces de un futuro con algo de alivio, aunque persiste la pregunta: ¿de dónde saldrá el dinero?

Un informe reciente publicado por El Espectador retoma la gravedad del problema. Citando un dato de la Superintendencia de Servicios Públicos, encontramos que la factura promedio en diciembre de 2023 para un usuario de estrato 1 de Enel Colombia (que presta el servicio en Bogotá y Cundinamarca) fue de $106.085 y de $85.275 con EPM (Antioquia), mientras que uno de Afinia (Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre) fue de $215.490 y de $351.471 con Air-e (La Guajira, Atlántico y Magdalena). No es un invento de los habitantes de la región Caribe: pagan la luz más cara del país, con el agravante de que la calidad es cuestionable. Las razones para entender esto son complejas.

Hay motivos estructurales y otros coyunturales para los altos precios. Con la salvedad de que estamos dejando de lado varios aspectos importantes, queremos centrarnos en cuatro motivos: uno, la temperatura de la región aumenta la demanda de energía; dos, años y años de malos manejos y falta de inversión hacen que la infraestructura de suministro de energía sea precaria y genere intermitencias; tres, hay pérdidas de energía significativas que terminan siendo pagadas por los usuarios; cuatro, la opción tarifaria, creada como respuesta a la pandemia, dejó endeudadas a las personas y a las empresas con las manos atadas. La pregunta, entonces, es qué podemos hacer con todo ese desastre.

Una queja común del activismo en el Caribe es que las soluciones que se plantean son de mediano y largo plazo. Aunque necesarias, eso no cambia el hecho de que el día a día se convirtió en una situación inmanejable para los usuarios. Los eventos trágicos en que operadores de las empresas de energía han sido atacados por la comunidad muestran la frustración y la urgencia de lo que se discute. Parece que el Gobierno nacional entendió esto y hace poco el presidente Gustavo Petro dio una noticia que fue bien recibida: “Estamos de acuerdo y es un compromiso del Gobierno nacional, no tiene que ver el distrital ni el departamental; es la nacionalización de la llamada opción tarifaria, que es una deuda que hoy cada familia tiene con las empresas de la energía eléctrica”. Si se aterriza la propuesta, los cerca de $5 billones de deuda serán asumidos por el Gobierno central, lo que significa que las facturas podrían bajar hasta en un 20 % de su valor. Un alivio necesario que fue también bien recibido por los gremios del sector. El interrogante es de dónde saldrá la financiación.

Ahora, persisten los problemas estructurales. El Gobierno ha dado señales de querer cambiar el modelo de distribución de energía, pero las empresas y los gremios han denunciado la falta de diálogo. No hay que perder más tiempo en dar esos debates de fondo. Esta debería ser una obsesión de la administración de Gustavo Petro en lo que le queda de mandato.

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