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Iván Mordisco y su grupo de criminales siguen traicionando a Colombia en su intento por desafiar al Gobierno de Gustavo Petro. Los ataques recientes en Cauca, además de ser ruines, muestran el desespero de los miembros del Estado Mayor Central (EMC) por hacer sentir su fuerza. La respuesta de la Casa de Nariño es la única posible ante la irracionalidad: reforzar la presencia de las autoridades, insistir en la “ofensiva total” que el presidente Petro decretó hace un par de semanas y seguir apretando a los delincuentes.
Los hechos son deplorables. Con una explosión, Iván Mordisco y su grupo asesinaron a un menor de edad y a un hombre de 67 años que se movilizaban por la vía que conecta a Corinto con Miranda (Cauca). Después, a punta de ráfagas de fusil y lanzamiento de tatucos contra la estación de Policía de Morales, también en Cauca, asesinaron a dos uniformados. Finalmente, en Jamundí (Valle del Cauca), detonaron una moto bomba contra un hotel donde se hospedan los policías que llegaron a reforzar la seguridad de la zona. Este último ataque dejó a tres niños y a un policía heridos. Tanto dolor, tanta devastación, ¿con qué objetivo? Cualquier aspiración para tener reconocimiento político ha desaparecido para demostrar que este sector del EMC lo que desea es mantener su control territorial a punta de violencia.
Por eso, la única reacción posible es la tomada por el Gobierno Petro. En su cuenta de X, el presidente dijo que “la ofensiva contra el EMC en Cauca es total”. Se estableció un consejo de seguridad permanente en la región y se hizo un cambio clave en la cúpula del Ejército: el general Luis Ospina, de desempeño opaco en la comandancia, fue reemplazado por Luis Emilio Cardozo, militar vallecaucano que estaba en retiro. El Ministerio de Defensa señaló que “el Gobierno confía en que la vasta experiencia y el liderazgo del general Cardozo serán fundamentales”. Esperamos que así sea. El mandato es doble: por un lado, demostrar que el Estado colombiano puede ejercer control sobre los territorios en disputa y perseguir a los criminales, mientras que al mismo tiempo garantiza los derechos humanos. La promesa con la llegada de Iván Velásquez a la cartera fue erradicar las prácticas de administraciones pasadas para justificar abusos de autoridad en aras de la seguridad. En las circunstancias actuales, es la oportunidad de demostrar que el Estado puede alcanzar la seguridad sin tener por qué desviarse de la legalidad.
Nos encontramos, una vez más, en la situación que tanto conoce Colombia: llevar a cabo negociaciones de paz en medio de la violencia. Es necesario, sin embargo, que el Gobierno demuestre que cualquier desafío a la estabilidad y la paz es respondido con el poder de la fuerza pública, protegiendo a las poblaciones. Lo señaló la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, en mensaje por esta crisis: “Queremos decirles al Cauca y a su gente que no están solos, que no vamos a cesar en la búsqueda de unas mejores condiciones de vida, con paz y dignidad”. Es responsabilidad del Gobierno cumplir con esas promesas.
Es cierto que el refuerzo en seguridad llega tarde en la administración Petro, que calculó erradamente la voluntad de paz de todos los alzados en armas. La mano del diálogo puede seguir extendida, pero necesita ir acompañada de la fuerza del Estado, para que no sigamos viendo crecer el miedo.
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