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A saber: por las losas quebradas de la Autopista Norte en Bogotá, que presentaron fallas de diseño y el uso de materiales a un nivel muy prematuro. Las quejas de la ciudadanía —que hasta hoy retumban en los oídos del alcalde del momento, Enrique Peñalosa— son la prueba fehaciente de esa mala implementación.
Por supuesto que Peñalosa y Camargo fueron, al menos en el nivel más visible, los gestores de una transformación en la capital: no solamente en lo visual, sino también en lo práctico. Y a la par de las muchas críticas que hay al sistema de transporte masivo en Bogotá, son muchos también los halagos hacia los buses articulados que atraviesan la ciudad.
De todo hay en las reacciones al caso Camargo: desde la carta de respaldo que firmaron 36 exfuncionarios del Distrito denunciando lo injusto del fallo, argumentando una limpieza ejemplar a la hora de la contratación, hasta quienes lo hallan responsable por las irregularidades que fueron encontradas en el proceso de contratación.
Con todo, luce injusta (o al menos no muy razonable) la existencia de un fallo penal para una política pública que se desvía o es mal ejecutada. Y pensamos también que no es proporcional una condena tan alta en términos monetarios (108.000 millones de pesos por los perjuicios causados), cuando el delito no lesiona un bien económico particular, sino a la administración pública entera. Pagar semejante monto resulta imposible, y absurdo, cuando bien se sabe que el acusado no se ha robado dineros del Estado. Ahora bien, si a juicio de dos tribunales se encontró que hubo una distorsión en la manera de contratar, si hubo un perjuicio para la ciudad y sus habitantes, alguna responsabilidad ha de caberle a Camargo.
La actuación de la justicia, sin embargo, no es el tema central de este comentario editorial. Camargo insiste en su inocencia y acude a los últimos recursos a la mano. Entretanto, quisiéramos rescatar el ejemplo que ha dado este exfuncionario al presentarse ante la justicia a pesar de considerar que en su caso no la ha habido. Tanto más por estos días cuando se escuchan por ahí airadas, pero deleznables, justificaciones a que servidores públicos investigados o acusados decidan huir de la justicia porque no consideran que vayan a salir bien librados.
Esperamos que, mucho más allá de la condena que hoy paga, sí haya una verdadera justicia en su caso. Es lo que el país merece. Suceda lo que sucediere, de entrada su conducta, correcta, confiada en las instituciones, y su desempeño, valiente, acorde al curso ágil de las actuaciones procesales, son de aplaudir. Sobre todo en un país en que hay hombres que se pasan la ley por la faja.