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El fútbol mueve pasiones y une a los colombianos, quienes disfrutan y sufren con la tricolor o con el club de sus afectos. Sin embargo, detrás del sentimiento del hincha, que se obnubila con el resplandor de sus ídolos, pasan muchas veces inadvertidas malas prácticas que a través de la historia se han dado en el fútbol colombiano. Justo cuando iniciamos el proceso de clasificación al Mundial de 2026, fuera de las canchas se disputa un encuentro trascendental por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del fútbol, que no da más espera.
Hace cuatro años a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCB) y de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) les fue presentado un pliego de peticiones de 1.117 futbolistas profesionales, hombres y mujeres, para que se discutieran aspectos relevantes de su actividad. Hasta ahora dicha solicitud no ha tenido eco entre los dirigentes, quienes justifican su negativa con el peregrino argumento que no son los empleadores directos de los futbolistas y que Acolfutpro, la organización que representa a los jugadores, no es un sindicato formal.
Tras el tajante rechazo de los directivos, los futbolistas se vieron obligados a presentar una querella ante el Ministerio del Trabajo y, paralelamente, una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entidad que le dio trámite, con la apertura del Caso 3423, a través del cual se ha venido adelantando, desde enero pasado, un proceso de mediación que ha contado con la participación del Ministerio, el Comité de Libertad Sindical de la OIT y la FIFA, para que se inicie la negociación de sus peticiones.
Como no se ha podido iniciar la discusión del pliego, el Ministerio decidió proferir, el pasado 4 de septiembre, un auto en el que decreta la existencia de mérito para formular cargos a la FCF y la Dimayor por la presunta negativa a negociar. Es una lástima que se haya llegado hasta este punto.
El crecimiento de la industria del fútbol en Colombia exige avanzar en la creación de reglas en las cuales tengan cabida todas las partes del ecosistema: árbitros, técnicos, fútbol femenino, fútbol playa, jugadores y directivos, y alcanzar los objetivos para fortalecer las estructuras de nuestro fútbol con la participación de todos los actores.
Es evidente que el torneo profesional requiere ajustes y el primero de ellos debe ser en materia de calendarios, períodos de descanso y recuperación. Es importante reducir la excesiva programación de partidos ya que, paradójicamente, en lugar de premiar, se castiga a los clubes que compiten internacionalmente. También se debe buscar un equilibrio en las dos divisiones profesionales para poder mantener en competencia a todos los equipos durante la temporada y así sufragar sus costos de funcionamiento. Asimismo, es necesario mejorar las condiciones de las mujeres futbolistas para que puedan tener una liga digna y estable, que permita su desarrollo profesional y cerrar la brecha frente a las condiciones que hoy disfrutan sus colegas hombres.
El pedido del Ministerio del Trabajo es que estas y otras materias pendientes se resuelvan a través de la concertación. Llegó el momento de dejar a un lado la animosidad y que se abran los espacios de diálogo social para que se pueda construir un fútbol más participativo y transparente, que permita aprovechar al máximo el talento humano que tiene Colombia y consolidar los clubes como verdaderas empresas deportivas.
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