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El vandalismo que se presentó en las protestas —censurable desde todo punto de vista— no puede ocultar la dimensión del problema ni la necesidad de ofrecer soluciones.
Un problema que, por lo demás, no nació ahora. Cada candidato a la Alcaldía de Bogotá sabía que esta situación estallaría en su eventual mandato: la corrupción que hubo en la administración pasada y los pocos avances que se hicieron en ese terreno son sólo la punta del iceberg. Por eso sorprende que el actual mandatario use tanto su cuenta en Twitter, además de para acercarse a la ciudadanía (asunto que es correcto, adecuado para estos tiempos: un alcalde “en tiempo real” como afirma en uno de sus muchos trinos), para anunciar las políticas respecto de temas estructurales. A tal punto, que sus mismos funcionarios se han sentido sorprendidos. Ni hablar de la ciudadanía.
Sucedió así el martes. Horas antes de reunirse con el gerente de Transmilenio S.A., Carlos García, y la secretaria de Movilidad, Ana Luisa Flechas, criticó la estructuración de los contratos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), firmados hace casi dos años tras duras y largas negociaciones que se hicieron en su momento. Con todo, el atraso del SITP es preocupante, ya que se trata de una vía que solucionaría muchos de los problemas de movilidad que la ciudad vive en el presente. “Me temo que peor que la negociación y el modelo de Transmilenio es el de las zonas del SITP, concedidas a 23 años por Samuel (Moreno)”, fue el trino del alcalde que, en 140 caracteres, pone en vilo el futuro del modelo, sin mayor explicación, sin saber cuál es el norte que tiene en mente.
La ciudad no puede manejarse a la luz de un aparente delirio de persecución ni, menos, alimentando la polarización. El alcalde Petro también debía saber de antemano que al llegar al poder iba a encontrar contradictores fuertes, injustos, interesados si se quiere. Pero si tiene un proyecto de ciudad que pasa por la transformación —o eliminación— de un proyecto que se ha construido durante años —no a la velocidad ni con el mismo interés en los últimos, es verdad—, el alcalde debe demostrar que sabe para dónde va y contar con una asesoría técnica de alta calidad que ofrezca tranquilidad y garantías a los ciudadanos. Sobre el SITP, Angélica Lozano, concejal del partido del alcalde, ha dicho que los contratos suscritos comprometen $67 billones. Y además, insiste, son una realidad, de manera que plantear su renegociación o desconocerlos no es cuestión de un trino emocionado.
No está mal de por sí que el alcalde Petro quiera renegociar algunos asuntos con el fin de cumplir los principios que acompañaron su campaña, pero deberá hacerlo, primero, dentro de lo que la ley le permite, y segundo, tratando de generar los menores traumatismos a mediano plazo. A sólo dos años de ese importante acuerdo, la reversa desmesurada puede costarle mucho a la ciudad.
El presidente Santos se reunirá en los próximos días con Petro para discutir cuatro temas fundamentales: el tranvía, Transmilenio, el metro y la Avenida Longitudinal de Occidente. Abordarlos y luego ejecutarlos, dentro de la más estricta concepción técnica, es su primer gran reto como alcalde mayor de Bogotá. La ciudad tiene la mirada puesta en ello. Y hoy está desconcertada, confundida. La capacidad de liderazgo de Gustavo Petro está a prueba. Es urgente que aparezca. Ojalá la tenga.