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Lo impensable vuelto titular de prensa: el padre fue capturado la semana pasada en Santander de Quilichao, norte del Cauca, por un operativo de la Fiscalía y la Sijín de la Policía de Cali. Fue identificado como Fernando Mancilla Aguilar y le imputarán cargos por tentativa de homicidio, uso de un menor en la comisión de un delito y nexos con el narcotráfico. La hija, una niña de once años, quedará bajo la custodia del Estado una vez se recupere: se encuentra en la clínica Valle del Lili, Cali, luego de que se le estallara una de las cápsulas en el aeropuerto.
Delitos difíciles de digerir: de quedar todo comprobado, ¿cómo es que un padre cualquiera somete a su propia hija a un trato tan degradante y peligroso? ¿Dónde están nuestros límites éticos como sociedad? ¿Tenemos, acaso?
Estudiosos de la criminología moderna dicen que cuando las sociedades modernas exaltan un valor supremo, cargándolo mucho más que otros en la escala de la importancia, las reglas penales se olvidan.
Dicho de una forma más sencilla: cuando el crecimiento económico es el único valor importante para la persona, no importa incumplir las reglas del derecho que limitan al hombre. ¿Este es el caso? ¿O hay otra explicación?
¿No fue persiguiendo un fin económico que, presuntamente, Mancilla cometió esa conducta? ¿O estaba desesperado y no vio otra opción? De ser así, se despiertan aún más preguntas: ¿qué pasa en el país para que alguien vea esto como la salida definitiva a sus problemas?
Tomar a una menor de edad como instrumento del negocio no es poco, ni a nivel simbólico ni práctico. Si era necesario un debate sobre las drogas en Colombia (mucho más abierto), ahora, con un caso que pone sobre la mesa tantos interrogantes, nos parece más urgente. El consumo, la prohibición, las cadenas del tráfico. Todo.
Hay quienes dirán que es hora de endurecer los controles: de que la policía haga más redadas, confisque más, de que las penas para personas como el padre se endurezcan y se suban de forma considerable. Muy probablemente todo esto esté planteándose ya mismo: es la respuesta que, una y otra vez, han dado muchos políticos en Colombia desde que se declaró la guerra contra las drogas a nivel mundial. El punto es que lo rentable del negocio (junto con la amplia mezquindad del hombre) disparan conductas como estas.
Va siendo hora de que quienes se oponen a un trato distinto para combatir las drogas entiendan de los efectos secundarios de ellas: los que se derivan de su prohibición. Por ahora se están dando los primeros pasos en cuanto a otros usos posibles de ciertas sustancias: toda la oposición se ha hecho sentir apenas con eso.
Mientras cubrimos con un manto de duda al consumidor, existe un mercado ilegal que se reproduce de las formas más ruines. Es un círculo de nunca acabar.
Ojalá el giro empiece a darse pronto. Tragedias como esta, como la que registramos hace poco, deben inspirar, al menos, un debate para el cambio de enfoque. Al menos eso. Un primer paso.