El nuevo ministro

Y no le falta razón en su segunda apreciación. Estudios recientes demuestran un componente ambiental básico en los conflictos de Oriente Medio y del Cuerno de África, así como en la reciente matanza en el río Tana, en Kenia, por el acceso al agua. Esto por mencionar sólo algunos. En ciertos casos son conflictos directos por los recursos naturales, pero casi siempre se trata de rivalidades heredadas por una eterna lucha sobre el territorio.

Pese a que en estas líneas dijimos que el nombramiento sorprendió mucho, hay, sin embargo, un elemento de esperanza que no podemos eludir: Juan Gabriel Uribe debe lograr un entendimiento sobre la relación entre el conflicto armado (un tema en el que es experto) y el estado del medio ambiente. Esto es indispensable en una cartera que está destinada a poner sobre los rieles las locomotoras del “desarrollo”, cuyo accionar podría generar otros conflictos sociales importantes.

Este nuevo ministro, que ostenta un alto perfil político y conocimientos en diversos temas, entra a la cartera con el señalamiento de que no conoce el tema. Con todo, en asuntos ambientales el país ha sido testigo de que esta cartera ha producido algunos de los más convencidos defensores del ambiente que haya en Colombia. La diferencia de entrada no está hoy en qué tanto entrenamiento formal tiene el ministro sobre el tema —no sabemos cuánto lo conoce como ciudadano particular—, sino en que él mismo debe demostrarle a todo el mundo si está dispuesto a reconocer aquello que ya hace parte del saber común validado.

Un ministro del Medio Ambiente con perfil político y un equipo técnico consolidado —lo que está por verse— podría ser esencial en un proceso de reconformación social y ambiental del territorio. Porque si hay una palabra que resuma la convergencia conflictiva socioambiental, ésa es ‘equidad’, que no es otra cosa que el necesario balance entre los beneficios y los costos del uso —y, en ocasiones, del abuso— del medio ambiente. Está ampliamente documentado que el ineficiente uso de la tierra es un tema social, pero también ambiental. La tragedia invernal no es asunto de la “maldita Niña” sino de la “potrerización” del territorio. También, la destrucción de ecosistemas, producto de desbocadas locomotoras, estaría contribuyendo a un crecimiento económico, pero a costa del bienestar y la viabilidad de las comunidades locales.

El ministro político-ambiental deberá, ante todo, hacer posible un camino hacia un equilibrio entre el bien público ambiental y el beneficio privado. Y no es darles gusto a todos a través de una interpretación del concepto cada vez más etéreo de “desarrollo sostenible”, sino partir del mandato superior de la Constitución, que supedita cualquier Plan de Desarrollo a la necesidad de garantizar el ambiente sano como un derecho colectivo, evitar su deterioro y hacer consulta cuando haya riesgo de afectarlo.

Mirando hacia el futuro, la reconstrucción ambiental del país podría ser la base para una agenda de reinserción y redesarrollo. Dos pájaros de un tiro, si el presidente Juan Manuel Santos acepta una gestión responsable de este ministerio y deja de concebirlo como una ficha de adorno para la consecución de la paz. Hay que darse cuenta de cuánta relación tiene un tema con el otro. Tendremos, pues, un ministro político del ambiente (si es que él acepta este gran reto y silencia las opiniones contrarias), que tiene la gran responsabilidad de sentar las bases para que en este país haya, literalmente, más ambiente para la paz.