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Hace un par de semanas se publicó una cifra que no debería pasar desapercibida en medio de las denuncias por la falta de seguridad en esta Colombia posacuerdo: en 2016, 37 líderes ambientales colombianos fueron asesinados, convirtiendo el país en el segundo más letal del mundo, detrás únicamente de Brasil, para esta clase de activismo. ¿Cuánto tiempo más tendremos que comentar los problemas que enfrentan los líderes sociales en Colombia?
La ONG inglesa Global Witness entregó en su informe “Defender la Tierra” un reporte mundial sobre los asesinatos de líderes ambientales y defensores de la tierra. Que Brasil (con 49 asesinatos) y Colombia sean los más afectados responde, precisamente, a su riqueza natural y a los conflictos que siguen ocurriendo alrededor de la distribución de la propiedad sobre sus suelos. En nuestro país, además, este es otro síntoma del peligro que corren todos los líderes sociales, pese a las promesas del Gobierno de defenderlos y proteger la democracia.
En el 2016, dice el informe, Colombia tuvo su año más mortal en la historia, con un aumento del 40 % en el número de asesinatos de líderes en comparación con el 2015. Esto sucedió, dice Global Witness, “a pesar de —o quizás por— la reciente firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el grupo guerrillero Farc. Áreas que antes estaban bajo el control de la guerrilla, ahora son vistas con envidia por las compañías extractivas y los paramilitares, mientras que las comunidades que regresan son atacadas por reclamar tierras que les fueron robadas durante el medio siglo que duró el conflicto armado”. Si el diagnóstico suena familiar es porque coincide con lo que diversas organizaciones de defensores de derechos humanos llevan denunciando en los últimos años.
A corte de principios de este mes, y desde el 2016, en total en Colombia han sido asesinados 186 líderes sociales. Por eso, Global Witness también dice que “el fracaso del Gobierno para proteger a los defensores está debilitando su propio impulso a la paz, pues muchos de estos activistas están liderando el proceso de reconciliación en sus comunidades”.
La posición del Gobierno sigue siendo la de que no estamos ante algo sistemático y que se están tomando las medidas necesarias para contrarrestar el problema. Como hemos dicho, celebramos su disposición para hablar del tema, pero sigue en mora de mostrar resultados contundentes.
No obstante, los datos referentes a los ambientalistas y líderes relacionados con la restitución de tierras ameritan que el país entero haga una reflexión. En medio del cortocircuito que han generado las distintas consultas populares sobre proyectos extractivos, y la creciente enemistad entre las poblaciones y las autoridades nacionales, los armados ilegales están aprovechando para dinamitar la democracia y perseguir a aquellos que se han atrevido a alzar la voz.
Cuando lo que está en juego es el futuro de la sostenibilidad del país, este debe ser un espacio de debate completamente protegido y libre. No podemos ser cómplices, con el silencio y el desinterés, de quienes prefieren que los reflectores estén en otras partes.
El primer paso es que las autoridades nos cuenten quiénes fueron los responsables y cómo operan. Pero el siguiente es que haya medidas de presencia estatal allí donde están las tensiones ambientales, de tal manera que todas las partes involucradas puedan expresar sus ideas sin temor a repercusiones.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
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