El pleito entre el Estado, Claro y Telefónica

Aunque Claro y Telefónica han dicho que tomarán las acciones legales necesarias para defenderse, con la primera incluso hablando de que se cambiaron las reglas de juego, la realidad es que las motivaciones para la decisión del tribunal están muy claras y nos parecen razonables.

La historia es la siguiente. Cuando ambas empresas llegaron al país a finales de 1993 y comienzos de 1994, firmaron varios contratos con el Estado para prestar el servicio de telefonía celular. En ellos se pactó que debían devolverle a la Nación los activos que utilizaron para lograr esta tarea, infraestructura como antenas y torres, por ejemplo. Esto se conoce como reversión. En 1998 y 2009 se aprobaron leyes sobre el tema que no incluían la reversión de activos, y por eso las empresas, cuando acabaron sus contratos en el 2013, no cumplieron con esa cláusula. Sin embargo, gracias a una demanda de la Contraloría, la Corte Constitucional sentenció que las leyes no modificaron las obligaciones contractuales que ya estaban vigentes. En otras palabras: Claro y Telefónica tenían que cumplir con lo que se habían comprometido.

Eso mismo fue lo que encontró el tribunal de arbitramento, el cual, no sobra decirlo, se constituyó de común acuerdo entre las empresas y el Estado, lo que implica que todos reconocieron su autoridad y prometieron acatar su decisión. Por eso, Claro deberá pagar $3,1 billones y Telefónica, $1,6 billones.

Varios analistas han lamentado el momento de la decisión, pues es verdad que el sector de telecomunicaciones ha presentado una desaceleración que requiere inversiones, las cuales ahora podrían verse comprometidas por las empresas. Sin embargo, esa lógica nos parece desacertada por dos motivos. Primero, porque es apenas justo que el Estado persiga el cumplimiento de los contratos para proteger los recursos públicos. Segundo, porque esta decisión no tomó por sorpresa a las empresas, ni fue un cambio de reglas: ellas ya sabían qué venía porque el contrato estaba claro y mediaba una decisión de la Corte Constitucional.

Además sería lamentable que la decisión de las empresas sea pasar los costos a los usuarios, reducir sus inversiones e incluso no participar en la inminente subasta de espectro que prepara el Gobierno. A ellas les conviene tanto como a los colombianos que el servicio sea óptimo y mejore cada vez más en un sector muy competido. Insistimos: no estamos ante una decisión arbitraria del Gobierno, sino un fallo judicial propio de obligaciones incumplidas.

Finalmente, esta situación sí debe traer de nuevo a la agenda el tema de la participación del Estado en Movistar. Con la capitalización de $4,4 billones que se debe realizar viéndose posiblemente afectada por esta decisión, ¿no sería mejor que se piense definitivamente en salir de esa copropiedad? Es importante dar el debate.

El pleito no ha terminado: hay un tribunal pendiente de decisión en Washington con Claro sobre el mismo tema. Pero lo mejor sería que todas las partes acuerden el pago de las obligaciones y que no se vea afectada la inversión en un sector que seguirá siendo muy lucrativo en el futuro inmediato. Es lo justo.

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