El procurador y su reelección

Ordóñez es, quién lo duda, un personaje interesante. Bajo su mandato en la Procuraduría han ocurrido dos cosas muy claras que se resumen en un solo resultado: ha generado jaquecas severas a distintas personas del espectro político y social. Por un lado, su sable de procurador ha caído encima de muchos políticos, inhabilitándolos de la función: Andrés Felipe Arias por el desfalco de Agro Ingreso Seguro, Samuel Moreno por la debacle de Bogotá, Bernardo Moreno o Piedad Córdoba, y el listado se extiende a muchos otros nombres. Pero también sus posiciones religiosas y conservadoras han dado un duro golpe a los defensores del aborto como libre opción de la mujer, a los de la eutanasia, a los de la despenalización de la dosis personal, entre otros.

Son sus posiciones radicales y su tendencia a escudarse en extremo en la religión, cuando se sabe que Colombia es un Estado laico, lo que lo hacen un personaje tan polémico. No podríamos desde este espacio manifestar que es malo —en sí mismo— que una persona conservadora y fervientemente religiosa ocupe un cargo público. Antes de condenar que Ordóñez sea claro con sus posiciones, lo aplaudimos. No podríamos decir, en el marco de un Estado Social de Derecho, pluralista, que acepta distintas visiones del mundo, que una persona que se oponga a muchas de las libertades consagradas en la Constitución (sólo por eso) no sea digna de un cargo.

A lo que sí nos oponemos de forma radical es a que sus posiciones personales contaminen el cargo que está desempeñando. El profesionalismo de quien ocupa la dignidad de procurador (así como el que ocupa la de juez) debe ser muy alto: no es lo mismo un concejal o un congresista o un representante de una posición ideológica. Sus convicciones deben permanecer lo más al margen que sea posible. No somos ciegos a lo que algunas escuelas del derecho han dicho por años: siempre va a haber una cuota política e ideológica en cada sentencia. Los jueces o un procurador, igual, son humanos. Pero por el profesionalismo del cargo, éste exige un nivel de ética demasiado alto, que esperamos Ordóñez (de ser reelegido, que es lo más probable) aprenda a respetar en toda oportunidad.

No son muy alentadoras, hay que decirlo, las tutelas que han interpuesto en su contra algunos ciudadanos: por celebrar en el edificio de la Procuraduría (uno público, de un Estado laico) misas conmemorativas en actos oficiales, o por supuestamente haber tergiversado el contenido de dos textos de la Organización Mundial de la Salud y conminar así al entonces Ministerio de Protección Social a no incluir el misoprostol (la llamada píldora del día después) dentro del Plan Obligatorio de Salud por ser un abortivo, cuando éste, según los tutelantes, se encuentra dentro de la Lista Modelo de Medicamentos de dicha organización y es un anticonceptivo. Y así también su cruzada clara contra el aborto en los tres casos avalados por la Corte: una cosa juzgada que redunda en la libertad de las mujeres.

Ordóñez ha sido ciertamente un funcionario valiente, frentero y honesto en su labor contra la corrupción. Pero él mismo, en su nueva aspiración, debería preguntarse hasta dónde llega el límite de defensa de sus íntimas posiciones.