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El reto incomprendido de la diversidad cultural

Albergar tradiciones culturales amerindias, de grupos étnicos selváticos afrodescendientes, de campesinos anfibios en los grandes ríos y ciénagas, de cultivadores en la alta montaña, todo el conjunto, se ha convertido en un problema frente a las dinámicas del crecimiento económico.

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No es un asunto único de nuestro país. También en el Perú se mueven fichas para limitar algunos derechos, como la consulta previa, o entre nosotros la potestad de los gobiernos locales para decidir sobre su propio territorio. Se han puesto en entredicho temas centrales como la democracia participativa, el ejercicio de derechos y la misma propuesta de desarrollo, que resulta empantanada.

Tampoco es éste un asunto local que afecte a tal o cual municipio. Es ya una característica emergente en todo el territorio. El centro de investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en su Atlas Global de Justicia Ambiental, nos sitúa como el segundo país en conflictos socioambientales del mundo, con 72, sólo por debajo de la India. La diversidad cultural se ha convertido en parte de la ingobernabilidad y de los conflictos endémicos del país: y es hoy, con la diversidad biológica, el reto menos comprendido de todos.

Resulta especialmente afortunada en ese escenario la aparición del libro de Gloria Amparo Rodríguez, académica del Colegio Mayor Universidad del Rosario, De la consulta previa al consentimiento libre, previo e informado a los pueblos indígenas en Colombia. Y más cuando, como lo informábamos hace una semana en este diario, existe un borrador de proyecto de reforma al proceso de consulta previa que lo limita de forma considerable. Este texto, desarrollado con un enfoque desde los derechos, analiza los problemas ambientales en los que se encuentran involucrados pueblos indígenas, empresas y el Estado.

Recoge, enhorabuena, un enfoque de acción y participación que permite entregar un conocimiento serio y legitimado. Si partimos del hecho de que la consulta previa con pueblos indígenas es un derecho, y así vamos reconociendo los criterios y estándares mínimos que la jurisprudencia ha consagrado como requisitos para su ejercicio, se entiende que es urgente que sea preservado en su vigencia y legitimidad.

No ayudan para ello algunas intermediaciones que, en la perspectiva de otros analistas serios, podrían estar corrompiendo el ejercicio de un derecho fundamental y creando un ambiente proclive a su limitación. El gran argumento de la autora es que la consulta previa es una oportunidad para la protección de la diversidad como obligación del Estado y que debe ser abordada seriamente por los sectores y dueños de proyectos.

Pero la oportunidad, más allá de lo que enfatiza el libro, tiene que ver con todos los aspectos de la misma gobernabilidad del territorio, y no sólo con los indígenas, sino con el resto de la población. ¿Cómo podría abordarse la pacificación y la reconstrucción ecológica y económica de los vastos territorios de la diversidad cultural y biológica sin la participación de comunidades locales? Todo un país por reinterpretar, toda una riqueza social para construir un proyecto de nación. No basta, pues, con que un presidente reconozca la sabiduría indígena en una visita ritual a la Sierra Nevada. Se requiere una política de Estado en la que la diversidad natural y cultural permee un renovado plan de desarrollo. No hay muchas razones para el optimismo, pero sí muchísimas para la esperanza.

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