El Sena tampoco sabe atender el acoso sexual

Insistimos en lo propuesto en este espacio el domingo pasado: tenemos que hablar abiertamente del abuso sexual, con especial énfasis en aquellos casos que ocurren en centros de educación superior. Una sentencia de tutela de la Corte Constitucional a finales del año pasado, en la cual está involucrado el Sena, no sólo demuestra la incapacidad y el malestar que los centros educativos tienen cuando surgen problemas de este tipo, sino que comprueba que en nuestro país operan los mismos prejuicios denunciados en otros países donde el problema está un poco más documentado.

La Sentencia T-652 de 2016 de la Corte Constitucional narra un caso preocupante. Una mujer, aprendiz del Sena del programa de técnico ambiental de la sede Cimitarra en Santander, puso una queja disciplinaria contra un aprendiz por “acoso sexual, tratos degradantes e irrespetuosos utilizando un lenguaje vulgar y de alto contenido sexual, ocurridos en el aula, por fuera de la institución educativa y a través de medios electrónicos”. El Sena llevó adelante el proceso, pero llegó a una decisión desconcertante: si bien sancionó al acusado, también sancionó a la denunciante y le puso “matrícula condicional”. Ambos siguieron compartiendo clases, al punto que la mujer decidió dejar el programa académico por el estrés causado.

Lo más diciente fue la razón que utilizó la Dirección Regional del Sena en Santander para defender la sanción. Como, aparentemente, la mujer había tenido conversaciones previas con el estudiante, eso demuestra que propició “conductas, propuestas o actos inmorales hacia cualquier miembro de la comunidad educativa que atenten contra la integridad física y/o psicológica” y, en el proceso, afectó el buen nombre de la institución educativa. En palabras simples: ¿quién la manda a hablarle a un hombre? Eso al parecer, en la mente de los representantes del Sena, le daba permiso al acusado de tener cualquier comportamiento con la denunciante.

La reacción del Sena es muestra de la ignorancia y los prejuicios que rodean el tema del consentimiento. ¿Acaso porque una persona permitió ciertos avances tiene que soportar lo que siga? ¿No tenemos una sociedad lo suficientemente inteligente como para entender que alguien puede decir “no más” y retirar su consentimiento, y que si la otra persona insiste y ofende, eso configura el acoso? ¿Vamos a seguir perpetuando la falsa y mezquina noción de que quienes denuncian abuso sexual lo hacen de mala fe y si algo pasó fue porque se lo buscaron?

El problema es el mensaje que esto envía a todas las víctimas que, de por sí, están generalmente tentadas a sufrir en silencio sin nunca denunciar. ¿Quién va a querer poner una queja si la primera pregunta es “¿segura que no fue su culpa?”. Por eso volvemos a insistir: los centros educativos tienen que empezar a dar cuenta de las formas en que enfrentan estos casos y dejar de verlos como problemas de mala publicidad.

En el caso puntual, la Corte dijo que el Sena realizó “un juicio efectuado a partir de estereotipos de discriminación” y por eso obligó a que el centro educativo pidiera disculpas públicas, le asegurara un cupo a la denunciante y liderara iniciativas para educar sobre el tema entre funcionarios, profesores y estudiantes. Sin embargo, como suele ocurrir en Colombia y mencionábamos a propósito de un caso de discriminación en Cartagena, no nos extrañaría que el cumplimiento de la sentencia se diese sin ánimos, haciendo lo mínimo necesario, y no asumiendo la seriedad que este problema amerita.

Así es muy difícil construir país. Son necesarias conversaciones a fondo, transparentes y, sobre todo, que lleven a medidas puntuales.

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