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No basta con que la Fiscalía diga que se reunió en un par de ocasiones con Aida Merlano para obtener información sobre posibles implicados en su organización corrupta. Tampoco es suficiente que el Gobierno hable de cómo el régimen de Nicolás Maduro está aprovechando esta situación para humillar a Colombia. Son irresponsables, además, quienes utilizan la enfermedad mental de la exparlamentaria para desacreditar cualquier información que tenga para dar. La pregunta es: ¿queremos o no escuchar e investigar las graves denuncias que se hicieron esta semana?
La reaparición y captura de Merlano en Venezuela revivió un caso que, de por sí, nunca debió estar dormido. Los hechos son vergonzosos. Después de haberla capturado y condenado en uno de los casos de corrupción electoral más importantes en la historia del país, la exparlamentaria se fugó de las autoridades. Luego desapareció por varios meses y nada de lo que hizo el Gobierno fue suficiente para su recaptura. A la fecha, además, la Fiscalía no ha tenido avances en las investigaciones sobre cómo pudo ocurrir la huida. Salvo nuevas condenas en el proceso que empezó todo, las preguntas esenciales persisten: ¿qué clanes políticos se beneficiaron de su empresa criminal? ¿Es acaso creíble que, en territorios donde hay poderíos políticos abrumadores, una operación como la de Merlano pueda ocurrir de manera aislada? ¿Dónde están los demás responsables?
Es cierto, como dijo la ministra de Justicia, Margarita Cabello, que el régimen de Maduro está “produciendo este show mediático”. Todas las declaraciones que han provenido de los chavistas son una burla a Colombia y un irrespeto que no debe ser tolerado. También es verdad que Merlano es una voz cuestionada, que muchas de sus afirmaciones se dan en medio del desespero y la búsqueda de asilo. Pero también es innegable que partes de su testimonio son, cuando menos, verosímiles y ameritan una investigación seria.
Por eso es preocupante que la actitud del fiscal encargado, Fabio Espitia, sea de franco desinterés. ¿Por qué, cuando estuvo aquí, la justicia fue incapaz de convencerla de que hablara? ¿Se permitieron, acaso, influencias internas? ¿Y cómo es posible que la investigación sobre su fuga se haya estancado? Hay, además, dos nuevas afirmaciones preocupantes: que fue secuestrada con el objetivo de asesinarla y que en ese proceso fue víctima de abuso sexual. ¿La reacción va a ser simplemente el escepticismo y la inacción?
También es problemático que la ministra Cabello diga que las “declaraciones carecen de todo fundamento, son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial”. Las referencias al presidente Iván Duque son exóticas, en efecto, pero en lo que dijo Merlano involucra a varios actores importantes en la política nacional. Eso es de interés público: ¿fabricó la dictadura la empresa criminal? ¿Fue Maduro el que se benefició de los votos comprados? Es evidente que no. No se ha visto mayor interés, no obstante, en descifrar las piezas que le faltan a este rompecabezas.
La campaña masiva de desprestigio a Merlano es entendible, pero el rol de las autoridades y del Gobierno es alejarse del ruido y concentrarse en lo importante. Debe hacerse lo posible por obtener las evidencias de las que habla la exparlamentaria y seguir investigando en un caso que está lejos de terminar.
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