Elecciones en el Valle

No alcanzó a posesionarse el gobernador (e) cuando Abadía apeló el fallo y el Consejo Seccional de la Judicatura lo restituyó antes de pasar un mes. Al poco tiempo el Consejo Superior de la Judicatura refrendó el fallo de la Procuraduría. Con Abadía destituido, y dado el vacío normativo para estas atípicas situaciones, comenzó la discusión sobre la forma en que debía ser electo su reemplazo. Entre la elección de una terna de ADN —el partido de Abadía—, una convocatoria a elecciones populares y el nombramiento presidencial, ganó la última opción: el día antes de terminar su mandato el entonces presidente Álvaro Uribe nombró como gobernador (e) a Francisco José Lourido.

Sin embargo, no se había calmado la tormenta cuando se anunció que finalmente habría elecciones. La semana pasada, sin embargo, ya después de iniciadas las campañas, el presidente Juan Manuel Santos pospuso los comicios, y no sin razón: tiene poco sentido hacer dos elecciones el mismo año —una ahora en enero y la otra cuando sean las votaciones regionales en octubre— y menos aún hacerlo en tiempo de emergencia invernal. Tan mal usados estarían los 18 mil millones de pesos que costarían estas piruetas electorales como irresponsable sería llevar a cabo comicios en veredas con acceso restringido. El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, respaldó la decisión del Gobierno por este motivo. De tal manera, y dado que la espera no pondrá en vilo la democracia del país, lo sensato es utilizar los recursos económicos y humanos en propósitos coyunturalmente más importantes, además de hacer unas elecciones mejor planeadas en octubre.

No obstante, lo que parece ser una prudente decisión ha recibido una gran resistencia por parte de los candidatos. Resistencia que es difícil no asociar con las millonarias contrataciones que se adjudicarán durante el siguiente semestre. Como lo señaló la Silla Vacía, cerca de 6 billones de pesos serán entregados en contratos que incluyen la concesión del chance y los juegos de azar. Además, estará en juego el Plan de Aguas, que contempla la privatización de las empresas municipales de 20 municipios en el norte del Valle, y se le suma la contratación de las vigencias futuras por 1,2 billones de pesos que comprometió el ex gobernador Juan Carlos Abadía. Así, entonces, en el debate de las controvertidas elecciones participan no sólo la estrategia política de los partidos, sino también los cuantiosos recursos dispuestos para el siguiente año.

Por esta razón, si bien el nombramiento a última hora de Francisco José Lourido no cumplió con todos los estándares de transparencia, unas elecciones en medio del desastre lo harían menos. El Valle merece salir del limbo político en el que se encuentra al tiempo que se recupera del invierno. Para ambos propósitos no conviene otra cosa que aplazar los comicios, organizarlos como es debido en unos meses, y mientras tanto dedicar los recursos y las manos disponibles a poner de pie otra vez el departamento. Fue acertada la decisión del Gobierno de posponer las elecciones, ahora sólo queda que sea acertada la decisión de los candidatos y retiren sus pretensiones electorales. La administración central no podrá traerle estabilidad política al Valle, eso sólo lo podrán hacer los vallecaucanos, pero bueno es el plazo que les da para poner la casa en orden.