Elecciones y violencia

Con ellos suman ya 14 los homicidios de candidatos y precandidatos en lo corrido del año. La Misión de Observación Electoral cuenta además seis atentados y 19 amenazas de muerte. Un panorama difícil si se tiene en cuenta que las campañas políticas ni siquiera se han iniciado propiamente. Lo difícil del panorama, sin embargo, no debe sorprendernos: en las elecciones regionales de 2007 fueron 29 los candidatos asesinados y en las de 2003 fueron 32. Pero sí, tal vez, debemos guardar distancia de las declaraciones del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ambos hablando de cómo se han enviado agentes especiales a investigar los hechos y de cómo se han fortalecido los planes de seguridad de los candidatos. Son alrededor de 170 mil políticos los que aspiran a cargos de elección popular, ¿realmente se les puede creer que hay suficiente Estado para proteger individualmente a tantos?

Ciertamente, el ‘Plan Padrino’, que provee el acompañamiento de un policía, de poco servirá en algunos departamentos. Y este es precisamente el punto: el país no necesita oír de los siempre nuevos sistemas de seguridad, sino de cómo va el Plan Nacional de Consolidación del Territorio. No es casual que los asesinatos hayan ocurrido en el corredor de las Farc que atraviesa Caldas, Tolima, Huila y Putumayo. Ni que otros se reporten en Córdoba, Sucre y Cesar, en territorios de bandas criminales. Los demás en Antioquia, Valle y Arauca, donde están todas las clases de expresiones delictivas. Y en Norte de Santander, cuya seguridad, con o sin elecciones, es siempre complicada. El problema es que sólo recordamos que el control del territorio no es completo cuando la violencia alcanza a los más visibles. De aquí que moleste y preocupe que, frente a los dos últimos asesinatos, el ministro Vargas Lleras haya cándidamente declarado que “no sabíamos que la situación era tan grave”.

La situación de seguridad del país sigue, en efecto, siendo grave. No tanto como hace una década, cuando eran cerca de 300 los alcaldes que no podían despachar desde su municipio, y el agregado de alcaldes muertos y concejales sumaba 577 en el período 1986-2002. Pero sí lo suficiente para que tengamos todavía elecciones bajo amenaza y la política permanezca en riesgo constante de ser permeada. Cierto, ya no son un tercio los municipios que se encuentran seriamente amenazados, sino una décima parte, y la tasa de homicidios no es de 70 por cada 100 mil habitantes, sino de 39, pero no por eso pueden aplacarse los esfuerzos. Nuestros indicadores siguen siendo delicados.

Tras el desastre de los llamados ‘falsos positivos’, cuyas denuncias giran ya alrededor de los 3.000 muertos, la purga en el Ejército ha sido dura. Y debe serlo. El pie de fuerza se aumentó drásticamente durante la Seguridad Democrática y aunque los resultados son palpables, no fue poco lo que se salió de control. Pero debe ser rápido que el Ejecutivo cohesione a la Fuerza Pública. El papel de la Policía Nacional ha sido admirable, pero se ha convertido en una policía cada vez más urbana, cuando la estructura criminal del país es mucho más compleja. La muerte de estos 14 candidatos sólo ha evidenciado que, aceptémoslo o no, hay zonas del país que son en sí mismas violentas. Y la única forma de proteger a un número tan grande como los 170 mil políticos de estas elecciones, es proteger a la población en su conjunto.