Emergencia social y estímulos crediticios

Miles, probablemente millones de colombianos, perdieron buena parte de su patrimonio en la búsqueda de una rentabilidad imposible. Las repercusiones sociales no se hicieron esperar. La economía del suroccidente colombiano se paralizó casi por completo. Los estafados reclamaron ruidosamente algún tipo de ayuda estatal. Los mandatarios regionales pidieron, casi suplicaron, la intervención del Gobierno central. Finalmente el Gobierno, amparado en la declaración de emergencia social, decidió tomar algunas medidas compensatorias, entre las que se cuentan la ampliación de la cobertura del programa Familias en Acción en las zonas afectadas y la creación de un fondo especial con los dineros incautados.

El Gobierno también dictó algunas medidas que competen directamente al sector financiero. Una de ellas otorga incentivos tributarios a los bancos que refinancien créditos a los residentes en los departamentos afectadas por las pirámides: Cauca, Putumayo, Nariño y Huila, entre otros. Los intereses generados por estos créditos no harán parte, según lo estipulado por el gobierno, de los ingresos gravables de las entidades financieras. En otra medida similar, el Gobierno decidió otorgar, además de los beneficios tributarios, unas garantías de 70% a los créditos de bajo monto otorgados a personas o microempresas de las zonas afectadas. La idea de estas medidas, en teoría, es contribuir a la recuperación económica de los afectados, directa e indirectamente, por las pirámides.

En la práctica, sin embargo, estas medidas han resultado confusas y resultarán ineficaces. La confusión obedece, en buena medida, a las declaraciones equívocas del secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo. Este funcionario se ha contradicho tantas veces que resulta imposible no especular sobre la manera improvisada y errática como se han tomado algunas de las decisiones en cuestión. Del Castillo afirmó, en primera instancia, que “los créditos son obligatorios porque la Nación asume el riesgo crediticio. El banco no tiene por qué decir que no”. Ante las declaraciones de muchos entendidos, en el sentido de que la obligación de otorgar créditos era claramente inconstitucional, Del Castillo se retractó. “Constitucionalmente —dijo—, no podemos obligar a los bancos, pero en la práctica creo que otorgarán los préstamos porque están dadas las garantías para que los entreguen, de acuerdo con las condiciones y características que se fijen con el Ministerio de Hacienda”.

Pero más allá del debate jurídico, las medidas contempladas son inocuas en el mejor de los casos y perjudiciales en el peor. Las medidas buscan incentivar el otorgamiento de créditos de una manera inadecuada. Los incentivos tributarios son inocuos si los créditos otorgados no son pagados. Además, como bien dijo un alto ex funcionario, cuando se obliga o se presiona la colocación de créditos, éstos casi siempre terminan perdidos. Cabe recordar que los incentivos de este tipo son en parte culpables de la crisis hipotecaria de los Estados Unidos. En suma, las medidas del Gobierno son cuestionables desde un punto de vista jurídico y desafortunadas desde una perspectiva económica.

A veces queda la impresión de que las medidas del Gobierno, más que resolver el problema, buscan simplemente dar la impresión de diligencia, generar un efecto mediático. Las medidas no resolverán el problema y podrían, incluso, generar otro problema. Tristemente el Gobierno pretende aliviar los efectos de su tardía intervención con medidas dudosas y posiblemente inconstitucionales.