¿En qué manos está la restitución de tierras?

El pasado 30 de septiembre tuvo lugar el indignante episodio durante una audiencia en un proceso de restitución de tierras en Apartadó (Antioquia). María René Murillo Rentería, una mujer afrodescendiente de 65 años, acudió a la justicia para reclamar derechos sobre el predio rural La Guatinaja, en el municipio de Chigorodó, del que fue expulsada junto con otros propietarios por medio de amenazas, asesinatos selectivos y maniobras fraudulentas, en un caso de despojo vinculado al Bloque Bananero de las Auc.

Tras escuchar las razones de Murillo para reclamar sus derechos como víctima, al juez segundo civil del circuito especializado, Alejandro Rincón Gallego, pareció no gustarle su explicación, pues la acusó de estar mintiendo, amenazó con denunciarla ante la Fiscalía y abruptamente suspendió la diligencia.

Como si fuera poco, Rincón Gallego cuestionó que el reclamo fuera sobre un predio de fincas bananeras y afirmó que “la mentira más grande es la restitución de tierras en nuestras zonas. Solamente en Colombia hay cuatro departamentos donde están bien, el resto no, porque no era así”. Luego, procedió a argumentar que la ley había “cambiado”, refiriéndose a un proyecto para modificar la política de restitución de tierras, presentado por la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que ni siquiera ha surtido su primer debate en el Congreso y que el juez ya daba por aprobado.

Ante las intervenciones de la abogada defensora y de la delegada de la Procuraduría —quienes defendieron el derecho de la víctima, visiblemente afectada, a reclamar, y señalaron las actitudes arbitrarias del juez—, Rincón Gallego también las descalificó y amenazó con “tirarlas” a la Fiscalía.

Con toda razón, la procuradora del caso, Mónica Isabel Puerta, decidió reportar lo sucedido ante el Consejo Superior de la Judicatura de Medellín. Es necesaria una investigación disciplinaria en este caso, pues el juez Rincón no solo incumplió su deber de escuchar sin emitir juicios en una etapa probatoria, sino que revictimizó a María René Murillo, apeló a una ley inexistente y dejó ver una actitud contraria a la Ley de Restitución de Tierras y a la defensa de los derechos de las víctimas. También es una oportunidad para hablar de la responsabilidad política de quienes, desde el Congreso y los micrófonos, afectan los procesos de restitución con su retórica incendiaria.

Como bien lo dijo Catalina Botero, exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, “el comportamiento del juez es exactamente lo que conocemos como una doble victimización. No solo compromete la dignidad de la mujer que reclama ante la justicia, también la integridad de la propia justicia y la responsabilidad internacional del Estado colombiano”.

No deja de ser preocupante, entonces, que Rincón tenga otros casos pendientes de restitución de tierras en su despacho. Estos procesos ya de por sí enfrentan oposición y enormes dificultades que muchas veces obligan a las víctimas a renunciar a sus derechos. No puede ser ahora que estas deban soportar intimidaciones de quien debería velar por su reparación. El empeño de Rincón en negar hechos violentos y dolorosos dentro del conflicto, como lo fue el despojo, es una afrenta contra las víctimas y su memoria. ¿Qué pueden esperar ellas en manos de un juez así?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.