En torno a la muerte de un capo

Las razones son varias. Pese a los esfuerzos del gobierno del presidente Felipe Calderón, quien les declaró la guerra abierta a los narcotraficantes y decidió que en adelante no habría indiferencia alguna frente al tema de las drogas, los resultados no han sido los esperados. La Iniciativa Mérida, el programa de cooperación aprobado en 2008 por el Congreso estadounidense con una inversión de 1.350 millones de dólares en asesoría y equipos, permitió que se les redujera el marco de acción a los grupos delictivos pero ocasionó, por lo mismo, cifras nunca antes vistas de asesinatos. En lo que va de la nueva estrategia antinarcotráfico diseñada por el presidente Calderón, un total de 16 mil personas han fallecido.

Y no obstante lo noticioso de hechos como el de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, quien fue abatido en un enfrentamiento con infantes de la Marina, muchos se preguntan si realmente tiene sentido continuar con una guerra que parece no tener fin. Para la muestra el caso del marino mexicano Melquisedet Ángulo Córdova, asesinado por sicarios del extinto jefe narcotraficante y cuya madre, hermanos y tía fueron igualmente asesinados por un grupo armado en Tabasco. La espiral de violencia que le sigue a cada arremetida de las fuerzas del orden pone a tambalear el esquema de la guerra frontal contra el narcotráfico.

Ya hay quienes cuestionan la intromisión de los Estados Unidos en los asuntos internos mexicanos. Cansados de la presencia de los militares en las calles, se preguntan si esta no es otra de las guerras que lanza Estados Unidos por fuera de su territorio. Una guerra que libran desde hace 40 años, que se intensificó en la década de los ochenta en Colombia y el Caribe, que a partir de los noventa se trasladó a México y que hoy por hoy da signos de haberse “vietnamizado”.

En la misma línea, hay quienes insisten en las presuntas violaciones de los derechos humanos protagonizadas por los encargados de hacer la guerra.  Amnistía Internacional redactó un comunicado en agosto pasado en el que solicitó al Congreso estadounidense la congelación de 15% de los dineros de la Iniciativa Mérida hasta tanto el gobierno mexicano no hubiese cumplido con sus obligaciones en el plano de los derechos humanos. Como esta, otras denuncias han sido presentadas, pero por organismos civiles mexicanos en cuyos informes se discuten temas como la desaparición forzada, la tortura y los asesinatos de los que responsabilizan a militares y policías federales.

Otros, con un enfoque anclado en la complicada realidad social que vive el país, dirigen sus miradas hacia las necesidades no satisfechas de la población. Antes que celebrar la muerte de Beltrán Leyva como el principio del fin del violento negocio de las drogas ilegales, sostienen que habría que considerar que leyes, policías, soldados y más armas no resuelven el hecho fáctico de que el narcotráfico crea cuestionables opciones de empleo en donde no las hay.

Cualquiera sea el lente analítico que se imponga, y hay que decir que las críticas no son nada desdeñables, por lo pronto las autoridades mexicanas no parecen dispuestas a ceder un ápice en su batalla contra el crimen organizado. Espacios para la negociación con los narcos, que opositores y analistas exigen, no están en el corto y mediano plazo de quienes detentan el poder.