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No deja de sorprender que la historia de las protestas en la capital del país sigan guiones muy similares. Lo ocurrido en Transmilenio la semana pasada evidencia un patrón de inconformidad que va más allá del alcalde que ocupe el Palacio Liévano. Es lamentable, entonces, que, similar a lo ocurrido en la pasada administración, estas coyunturas se conviertan en choques personales entre políticos y no en una oportunidad de empezar a solucionar los principales problemas de la ciudad. La polarización que saboteó el proyecto de la Bogotá Humana amenaza también con complicarle la gobernabilidad a la Bogotá Mejor para Todos. Como siempre, en estos casos pierde la ciudad, pierden sus ciudadanos y los problemas persisten.
Las imágenes que se difundieron la semana pasada sobre lo que sucedió en Transmilenio son dolorosas y frustrantes. También causan sensación de déjà vu: civiles y policías heridos, buses dañados, vidrios rotos en las estaciones, personas con miedo, un alcalde con un discurso desafiante y varios políticos haciendo fiesta en Twitter con el caos. Esto ya lo hemos visto con protagonistas similares.
Dos salvedades sobre el tema: primero, las vías de hecho no son ni serán la manera de obtener reivindicaciones sociales; quienes incurren en ellas y destruyen la propiedad pública no se dan cuenta de que, antes de lastimar a un gobernante, están afectando a la ciudad entera —incluidos ellos mismos—.
Segundo, y no obstante lo anterior, no deja de ser temerario e improcedente tildar cualquier manifestación con la categoría de “vandalismo” o, peor, “terrorismo”. El discurso que adjudica todo lo que ocurre a las conspiraciones, que al parecer no distingue ideología, pues fue usado en la administración anterior y en esta, esconde las razones del profundo descontento que hay en la sociedad con el funcionamiento, entre otras cosas, del transporte público. Ante el caos, mejor contestar con soluciones concretas.
Por eso no deja de ser extenuante que asuntos tan complejos terminen reducidos a un par de apellidos en pugna. Como lo documentó El Espectador la semana pasada (“Peñalosa vs. Petro: ¿la confrontación o la ciudad?”, 11/02), la disputa entre Enrique Peñalosa y Gustavo Petro viene desde el siglo pasado, y es la representación de dos visiones distintas sobre cómo debería organizarse la ciudad. El problema es que, a menudo, las ideas ceden ante el calor de los intereses políticos, y la ejecución de las obras que necesita Bogotá termina truncándose.
La capital necesita sensatez. Sería útil que desde la Alcaldía se moderara un poco el lenguaje y se abriera la puerta para que los opositores de buena fe tengan la oportunidad de explicar sus preocupaciones y propuestas. Si bien el alcalde Peñalosa tiene un mandato, éste no fue mayoritario, y aun si lo fuese no tiene sentido atrincherarse en un tono de confrontación. Además de todas las medidas que necesita Bogotá, un cambio cuyos efectos se verían de inmediato sería tener una administración alejada de los incendios retóricos propios de ciertos debates políticos y cerca de la conciliación. El “todos” del lema oficial debería equivaler en la práctica a una Alcaldía mucho más incluyente.
Por otra parte, y aunque es entendible la frustración producto de haber tenido un mandato lleno de obstáculos, varios de ellos innecesarios, ojalá el exalcalde Petro hiciera una oposición que demuestre el interés por el bien de la ciudad, con respeto por las instituciones y alejada de los facilismos de los discursos radicales que demonizan todo lo que haga la administración. El capital social que tiene el exalcalde debe utilizarse para construir, no para entorpecer.
Ya es hora de que Bogotá sea más importante que todos los intereses individuales que giran en torno a ella. Tal vez así evitaremos escenas como las de la semana pasada, y por fin se empezará a aprovechar el potencial de mejorar que tiene la capital.
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