Es hora de hablar de drogas

Vuelve a asomar la cabeza una de las pocas propuestas que de manera realista podrían alterar la dinámica de la guerra contra las drogas en el país y desestabilizar el poder de los narcotraficantes: la regulación y legalización de algunas sustancias psicoactivas. Un grupo de congresistas de diversos partidos anunció la semana pasada una alianza para, a partir del 20 de julio de este año, presentar una serie de reformas que llevarían, entre otras cosas, a cumplir el Acuerdo de Paz en el tema de las drogas, fomentar la sustitución de cultivos ilícitos y reglamentar el consumo recreativo de la marihuana. Por defender los derechos individuales de los colombianos y por representar un sacudón a la fallida estrategia de la lucha contra las drogas, esta iniciativa debería recibir un respaldo amplio de todos los sectores del país. Es momento de revivir el debate.

La administración de Iván Duque entró pisando fuerte en el campo del prohibicionismo. Auspiciado por el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el Gobierno, representado por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, convirtió la dosis mínima en una de sus primeras prioridades. El resultado fue una prohibición que no solo fue restrictiva de los derechos de los colombianos, sino que dio nulos resultados en la lucha contra el narcotráfico. Era buscar la fiebre en las sábanas, como advirtieron numerosos expertos en su momento.

A medida que nos acercamos al primer año de la administración Duque, el problema no ha hecho más que empeorar. Desde los Estados Unidos abundan las presiones por el aumento de los cultivos de coca, el microtráfico sigue siendo una realidad innegable en las ciudades y el país está maniatado por su aproximación bizantina al tema de las drogas. Todo esto, además, mientras los países del mundo siguen su lenta pero imparable evolución hacia la regulación y legalización de la marihuana. ¿Por qué insistimos en soluciones que no han funcionado?

Es de celebrar, entonces, que diez congresistas se hayan sentado a construir una serie de reformas necesarias sobre el tema. Se trata de representantes de los partidos Decentes, UP, MAIS, Liberal, Cambio Radical, la U, Alianza Verde, Polo Democrático y FARC, los cuales, si logran unir el apoyo de sus bancadas, podrían impulsar estos proyectos en el Congreso. Ojalá así ocurra.

Como explicó Gustavo Bolívar, senador por Decentes y uno de los líderes de la alianza, “vamos a formularle al país una nueva política de drogas, basada en evidencias y cifras que nos permitan plantear una estrategia efectiva, pues los datos presentados son muestra del fracaso estruendoso de la guerra contra estas. El narcotráfico ha sido transversal al desarrollo del conflicto armado, y como el consumo en el mundo no baja —va incluso en aumento, hay 274 millones de consumidores—, entonces los cultivos se desplazan buscando mejores condiciones para su plantación, producción y tráfico”.

Los argumentos que demuestran el fracaso de la guerra contra las drogas nos parecen más que suficientes para dar vuelta de hoja. Solo entre el año 2000 y 2015, el Estado ha gastado US$140.000 millones, lapso en el cual los cultivos de coca pasaron de 134.000 hectáreas a 213.000, y de 12 departamentos a 23; la lucha contra las drogas ha costado la vida a 6.942 policías y militares, y a 25.000 civiles, y hace 19 años se producían 700 toneladas de cocaína y hoy se calcula que salen 917 toneladas.

Hay suficientes estudios que demuestran que el punitivismo no solo no es la respuesta, sino que representa un freno innecesario a la economía de los países. Si varios estados de Estados Unidos ya han, por ejemplo, legalizado la marihuana con fines recreativos, con resultados positivos, ¿por qué no hacer lo mismo en Colombia? El debate vuelve a abrirse y los líderes políticos no deberían desaprovechar esta oportunidad.

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