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La situación en Venezuela sigue empeorando. El informe presentado por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, confirma lo que distintas organizaciones internacionales y locales han venido denunciando. Contrario a las excusas del déficit, la crisis no empezó con las sanciones económicas impuestas recientemente. ¿Hasta cuándo continuará la impunidad de Nicolás Maduro y sus subalternos?
No ha sido tan fácil desacreditar a Bachelet, expresidenta chilena, como a otros informes. La alta comisionada, que visitó Venezuela entre el 19 y el 21 de junio, no tiene una historia de haber sido hostil al chavismo y de hecho fue recibida, en esta ocasión, por Nicolás Maduro. El régimen se ha visto en problemas para cuestionar los hallazgos de una fuente tan respetada a escala mundial.
Después de hablar con más de 558 personas que han sido victimizadas en Venezuela o que han presenciado actos de abusos, la alta comisionada concluyó que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido “numerosas violaciones de los derechos humanos”.
En síntesis, el informe de la alta comisionada habla de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y una corrupción que empeora la crisis humanitaria que sufre el país. Si no se implementan cambios, indica el informe, la migración desmedida continuará y el país seguirá sumido en el desastre.
Aunque la alta comisionada argumenta que los casos deben ser investigados para aclararse, sí dice que “existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular la FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana)”. También menciona el actuar del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que han estado involucrados en desapariciones. Hace poco, mientras Bachelet presentaba el informe, se denunció la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien estaba detenido por el régimen de Maduro.
La respuesta oficial a todas las denuncias fue argumentar que el informe no es “objetivo ni es imparcial”, y que tiene muchas imprecisiones. En Venezuela, insiste Maduro, no hay crisis humanitaria y los problemas que se presentan se deben a las sanciones económicas lideradas por Estados Unidos.
La realidad, sin embargo, es otra, y las evidencias amenazan con aplastar al régimen. El informe da cuenta de cómo la crisis viene desde hace años y se debe a una mezcla de malas políticas, autoritarismo y corrupción. El resultado es nefasto. Por ejemplo, solo entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, “1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales”.
No hay vuelta de página. Pese a los intentos de generar desinformación, la situación de crisis es innegable y el régimen de Nicolás Maduro ha demostrado su incapacidad (y falta de voluntad) para dar una solución. Mientras no haya un cambio y se restablezca la democracia, los venezolanos seguirán sufriendo.
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