Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Indignan, claro, los problemas del país y las situaciones vergonzosas que muchas veces tenemos que afrontar como nación. Y por eso es que salen a las redes sociales y a las calles —aunque en menor medida— las personas a quejarse. Pero indigna mucho más, por supuesto, que miremos hacia nuestros aspirantes a dirigentes y tengamos que informar siempre sobre lo mismo.
¿En dónde queda tanta alharaca ciudadana? Y no queremos referirnos esta vez a la muy poco renovada lista de líderes aspirantes al Congreso, donde se ve a las claras que de cambios en el frente más bien poco (los mismos nombres, los mismos apellidos de hace veinte, a veces cien años), sino también a la costumbre de que se lancen como candidatos personas relacionadas directamente con políticos que están siendo juzgados o, incluso, que han sido condenados por la justicia.
Que puedan o no es otra historia. Claro que pueden: mal haría una sociedad en condenar los llamados “delitos de sangre”. Pero es que, mucho más allá de eso, como le dijo Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), a este diario: “los partidos han mantenido la prioridad de los votos sobre los requerimientos éticos”. Dicho de otra manera, siguen apostando por un nombre y su respaldo, sin perjuicio de sus orígenes y sus contextos. Un nombre en este caso es mucho más que su simple nivel simbólico: se trata de estructuras locales que no siempre (como ha dicho la justicia en muchos casos) se comportan dentro de los parámetros legales. Y así, bajo este concepto, personas que no tienen mucho que ver con la función pública, que no saben de eso, llegan por cuenta de un apellido y la estructura que han montado en las regiones a punta de conductas que son reprochables.
Los nombres sobran. Son muchos. Podríamos atenernos al lado positivo de la situación y esperar a que antes de la fecha límite de inscripción los partidos decidan hacer, por una sola vez, un acto de cierta enmienda. Pero así no funciona la política colombiana, lamentablemente. Y menos la electoral: funciona con nombres, replicándolos, accediendo a los cargos a través de lo que ellos significan.
¿Un ejemplo? Varios. Luz Stella Cáceres, hija de Javier Cáceres, condenado por vínculos con paramilitares, quien buscará Cámara de Representantes por Bolívar en el Partido Conservador; o Nadia Blel Scaff, hija del exsenador Vicente Blel, condenado por parapolítica, quien aparece en la lista al Senado, también dentro del conservatismo; u Óscar Villamizar, hijo de Alirio Villamizar, exsenador condenado por el llamado carrusel de las notarías, quien busca Cámara de Representantes en Santander por Opción Centro. Y así, muchos más.
Cierto, los delitos no se heredan y un Estado serio no se puede dar el lujo de condenar por anticipado a alguien. Penalmente. Pero cuando revisamos la ética y la forma como se hace política en Colombia, queda muy difícil decir que la sociedad es libre a la hora de votar. No lo es. Mucho menos cuando hay crimen y balas y sangre detrás de esa decisión.
No puede haber renovación en la política, y mucho menos para una sociedad que la pide, indignada, si no nos pronunciamos sobre esto más a menudo. Y si no actuamos en consecuencia. ¿Seremos capaces?
Conoce más