Extradición a la carta

Estados Unidos creía que era algún eslabón del narcotráfico (lavado de activos, más específicamente) que azota a ambos países. Luego, bien luego, ese país se echó para atrás cuando revisó bien las pruebas que tenía en sus manos y, a través de un comunicado de su Embajada se “permitió informar” que, mucho más allá de la cacareada cooperación armónica entre ambos países, habían solicitado el retiro de la orden de extradición. También consideraron muy importante subrayar lo siguiente: que ningún funcionario estadounidense ha expedido un documento en el que reconozca error alguno, ni tampoco se ha ofrecido —ni insinuado— compensación económica. Comuníquese y cúmplase.

Mientras tanto, nuestras autoridades están prestas para, a tiro hecho, lavarse las manos y quedar libres de todo cuestionamiento. Ahí vimos al recién posesionado ministro de Justicia, Yesid Reyes, diciendo categórico que “esos son errores de la justicia norteamericana”. De nadie fue la culpa, mejor dicho. Ninguno de los dos países responde porque un hombre inocente haya estado preso seis meses en una cárcel colombiana. El único culpable, al parecer, fue él. Y pagó bien caro estar en medio de estas dos naciones inocentes.

“En Colombia no les permiten a las autoridades cuestionar la solicitud de extradición, porque lo prohíbe la ley”, dijo el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. No queremos ponernos muy jurídicos con el tema: la aprobación del acto es una formalidad. Casi que la solicitud es suficiente para que el presidente de la República, en este caso Juan Manuel Santos, la firme. Esto en otra época, cuando el Estado colombiano estaba sitiado por la delincuencia narcotraficante, resultaba un alivio, una necesidad. Pero harto es el tiempo (y las prácticas, y las costumbres, y los ataques de moralidad) que ha pasado, cambiando todo a su paso. Llegó la hora de dejar de extraditar colombianos a granel. No solamente porque se puedan configurar casos como el del carpintero (un hombre inocente), sino además, y más importante, porque poca justicia queda para las víctimas reales de este país cuando los criminales van allá a decir dos o tres verdades y salen a caminar libres, y ricos, en esas calles.

Habría que ver qué tan ligera y rápida sería la autoridad de Estados Unidos para extraditar a un nacional de ellos requerido por el Gobierno colombiano. Otra sería la historia, nos tememos, mucho más allá de las excusas y la proclamada (sin mucho sentido práctico) colaboración armónica de la justicia de ambos países. Son casos como estos los que nos obligan a repensar la aplicación de la figura de la extradición. No para eliminarla, por supuesto, sino para llegar a ese ideal de cargas justas que se pregona. Es lo mínimo. Mucho más allá de la justa compensación que merece Martínez, y el carro de Bomberos preparado en San Vicente del Caguán para recibirlo.