Fuera de lugar

Si bien es cierto que realizó un preacuerdo con la Fiscalía, el instrumento parece haberse inutilizado: ¿Cuáles son esas grandes empresas criminales que Gómez ha ayudado a descubrir? Carlos Fernando Galán, secretario de anticorrupción de la Presidencia de la República, lo declara sin ambages: “Que nos digan qué cerebros de la organización criminal que se robó la ciudad van a caer con las confesiones de Julio Gómez, o de lo contrario es un sapo demasiado grande que no nos podemos tragar los colombianos”. Y tiene toda la razón.

Una de las finalidades de ese instrumento jurídico, en este contexto, no es solamente procurar pronta y efectiva justicia en un caso particular (en verdad de uno sólo, en un hecho criminal aislado), sino que sirve además para abrir otras investigaciones y llegar hasta el fondo de ese descalabrado robo que le hicieron a la ciudadanía de Bogotá, a sus impuestos, a su confianza en los gobernantes. Sin duda, queda en el aire todo esto, y Gómez queda con una pena irrisoria al lado de todo lo demás que pudo haber dicho.

Cada decisión que un juez toma representa muchas cosas. A nivel jurídico es un precedente, una cosa juzgada, una sub-regla de derecho que puede ser copiada en un caso que tenga unos hechos similares. A nivel político, cuando esto es inherente a ella, por la incidencia de los sucesos en la opinión pública, encarna un mensaje. Deplorable, entonces, que el mensaje de esta decisión sea tan negativo: parafraseando un poco al concejal Juan Carlos Flórez, la justicia, sin la contraprestación de develar una verdad más grande, casi que exhorta a robar al Estado. La efectividad del fallo, su simbolismo, lo hace. No hay dudas.

Hace un tiempo se supo de un hombre que pagó en una tienda varias libras de papa con un billete de $50.000 falso. Lo condenaron a tres años de cárcel. Incluso, al final de la audiencia, la víctima de este delito se sentía arrepentida: no sabía que la justicia iba a ser tan drástica. Pero la justicia lo fue. Todo indica que Gómez, por su parte, fue pieza central de esa maquinaria criminal que desmoronó a una ciudad entera y la tiene metida en una crisis tremenda. Pero este hombre, por un preacuerdo del que no se puede extraer una investigación posterior, recibe un año más de cárcel (a la espera de saber si es intramuros o no) que el usuario de un billete falso. Suena bastante desproporcionado.

Al margen entonces de los hechos, que ya han sido consumados, valga la oportunidad para cuestionar los mecanismos penales y jurídico-procesales que están envueltos alrededor de este asunto. Puede que el día de mañana (es bastante probable) a una persona le dé miedo pagar con un billete falso. La disuasión se cumplió. ¿Pero y si decide desfalcar al Estado? No estamos tan seguros.