Golpe a la justicia en Arauca

En sus manos se encontraban delicados casos de miembros de las Farc y el Eln, y más complicados aún, de miembros del Ejército Nacional. Gaona adelantaba precisamente el proceso penal contra el teniente Raúl Muñoz, de la Brigada Móvil Nº 5, principal sospechoso del asesinato y violación de una niña de 14 años y del homicidio de sus dos hermanos de 9 y 6 años en una vereda de Tame a finales del año pasado. Como no había recibido amenazas en su contra, ni se registraron informes de inteligencia que sugirieran que su vida corría peligro, la jueza no permanecía escoltada. El ‘Plan Padrino’, esquema de seguridad que envuelve unas cuadras alrededor de donde viven los funcionarios que se puedan encontrar en riesgo y al que pertenecía la jueza, fue insuficiente. No hace mal, por tanto, la Corte Suprema en recordarles a las autoridades que es su deber proteger a quienes imparten justicia. Aunque la propuesta de escoltar a todos los jueces del país resulta inviable, es sin duda necesario mejorar las labores para blindar a la rama, las cuales incluyen, por lo demás, evitar que este brutal crimen se pierda en la impunidad. El golpe más duro sería que pasaran los años sin conocer quién estuvo detrás del asesinato de la jueza Gaona. Negligencia que no sólo incentivaría futuros crímenes, sino que afianzaría el recelo que la ciudadanía guarda frente a los no pocos casos de violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública. No se trata de sugerir culpables, sino de recordar que el nombre de las guerrillas sólo puede seguir empañándose, mientras que el Ejército, como servidor de la nación, tiene el deber de permanecer limpio. Y si algo ha ofrecido Arauca en los últimos meses, han sido irregularidades. En octubre del año pasado, los tres hermanos Torres fueron asesinados; en febrero de este año fueron acusados varios soldados de la misma brigada por violar y dejar gravemente herida a una menor indígena, y ahora, la jueza penal de Saravena, que llevaba uno de estos casos, fue asesinada. Ayuda poco a mitigar las sospechas que el proceso contra el teniente Raúl Muñoz se haya terminado empantanando por “artimañas temerarias” de las abogadas del acusado, según lo denunció a finales del mes pasado la propia jueza Gaona. Una tras otra renunciaban, justo antes de las fechas concretadas para la audiencia del juicio oral, obligando así a postergar el encuentro. Tampoco ayudó el Inpec, que en una de las ocasiones no trasladó el día acordado a Muñoz para que asistiera a la audiencia. Después de cinco meses de aplazamientos, la jueza le asignó al acusado un abogado de oficio y fijó de nuevo la audiencia para el 31 de este mes. Gaona, además, solicitó a la Judicatura una investigación sobre dos de las defensoras, quienes pertenecían a la Defensoría Militar Integral. Sería prudente reconocer, y en esa medida comenzar a corregir, el hecho de que en los lugares más alejados del país, a donde la justicia y los medios llegamos con dificultad, son más que menos las atrocidades que quedan sin registrar. Y no estaría de más aprovechar la oportunidad para que las Fuerzas Militares colaboren más firmemente con la verdad. Algo, por supuesto, más fácil de decir que de hacer, en especial en el caso de la Brigada Móvil Nº 5, pues es bien sabido que Arauca es zona roja y que nadie quiere ir a combate con un pelotón de 20 compañeros que lo tengan por traidor. De aquí la importancia de que los altos mandos militares intercedan y garanticen las condiciones para quienes estén dispuestos a ayudar aclarar los hechos. Acción que, independientemente del desenlace, sólo podría contribuir a la recuperación del prestigio de la institución responsable de la defensa nacional.