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La propuesta de expandir el período presidencial, del Congreso y de los entes de control por dos años más para igualar las elecciones del 2022 con las del 2024 era un golpe de Estado. Ni más ni menos. Por fortuna, al cierre de esta edición ya varios de los propios firmantes se habían arrepentido de impulsar semejante despropósito y el proyecto se terminó hundiendo. Pero existió y llegó más lejos de lo que debió, lo cual nos debe preocupar, y mucho, en un país que se precia de ser democrático. ¿Por qué tanta insistencia y cómo llegó a recibir el apoyo de parlamentarios de una variopinta coalición de partidos?
Desde que comenzó como un presente lisonjero de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), la idea de expandir el período de Congreso y Presidencia causó repudio. Sonaba como lo que es: una propuesta que desconoce las reglas democráticas y pretende alterar la Constitución en beneficio de unos pocos. Pensamos entonces que de allí no pasaría, pero esta semana radicaron el proyecto en el Legislativo e incluso empezaron a recolectar firmas, incluyendo además la ampliación del período de los entes de control que, sin empacho, han venido siendo capturados por cercanos amigos del Gobierno nacional.
De manera sorpresiva, la iniciativa fue presentada por cinco representantes del Partido Conservador, con el apoyo de miembros del Partido de la U, el Centro Democrático, el Partido Liberal, Cambio Radical y Opción Ciudadana. Tan pronto se conoció la noticia, voces y líderes de esos partidos rechazaron la idea. El propio presidente Duque, aunque dejó pasar más horas de las necesarias, fue diáfano también: “Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, será presidente hasta el 7 de agosto de 2022, punto. Este país no está para otras discusiones”. Lo propio dijo la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez: “Fuimos elegidos para el período que finaliza el 7 de agosto del 2022. Ni un día antes ni uno después. Respeto profundo por nuestra democracia”.
Es satisfactorio ver que, ante el grito de un posible golpe de Estado a las normas democráticas, todos los partidos políticos y la Casa de Nariño hayan respondido con vehemencia. No era para menos. La democracia tiene que ser protegida de manera constante, más cuando los discursos populistas buscan en todo momento flexibilizar las reglas con excusas engañosas.
Este proyecto es una clara muestra de cómo, disfrazado de buenas intenciones, se puede buscar desmantelar el sistema de pesos y contrapesos desde adentro del Congreso. Argumentando una preocupación entendible por equiparar períodos para obtener mayor coordinación entre la nación y los entes territoriales, se propuso como un simple momento de transición. El problema es que al hacerlo se vulnera la voluntad de los colombianos, que fueron a votar en 2018 a personas que durarían cuatro años en sus cargos, como manda la Constitución, y no seis.
Ya la Corte Constitucional en el pasado dejó claro que los tiempos de gobierno no pueden alterarse a la ligera. Tiene sentido. Su existencia es un mecanismo de defensa contra el autoritarismo y contra quienes deseen perpetuarse en el poder. Además, es una promesa a todos los colombianos: que su voto cuenta, que las reglas se respetan y que ningún caudillo, por popular que sea, está por encima de la democracia.
Se ha diluido este torpe intento de hacer trizas la democracia, pero eso no alcanza para olvidar la pregunta inicial: ¿por qué tantos parlamentarios, elegidos en democracia, estaban tan ansiosos por firmar un proyecto tan agresivo contra nuestro Estado de derecho? Hay que mantener la alerta.
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