Hora de avanzar

Pero las preocupaciones de nuestro fiscal no deberían acabar ahí. No es posible. Los fantasmas que lo acechan y que le pueden quitar el sueño en la noche deben ser mucho más grandes: hasta el día de hoy no se ha visto una actitud muy decidida del funcionario encargado de dirigir el ente investigativo penal más importante del país. O, más bien, decisión sí ha tenido, pero con retractaciones de todo tipo, dando reversa a sus grandilocuentes palabras de “agarrar” gente en casos de gran importancia, para luego echar para atrás, como los cangrejos. Este diario reveló el día de ayer los casos principales en los que el fiscal no ha tenido una línea muy fundamentada a la hora de presentar lo que los penalistas llamarían su teoría del caso.

Recordemos, entonces, algunos de ellos: está el caso de la periodista Jineth Bedoya, que, cuando trabajaba para El Espectador en el año 2000, fue secuestrada y sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, para finalmente ser abandonada en un despoblado en la vía de Villavicencio a Puerto López. La Fiscalía tuvo a bien redactar 50 páginas sobre por qué ese crimen debería ser catalogado como de lesa humanidad, pero, al final, deja la pregunta abierta y dilata la decisión pendiente, luego de 12 largos años en que Bedoya, sin embargo, no se ha rendido para luchar por la justicia en su caso.

Colombia tampoco olvida el caso del exdiputado del Valle Sigifredo López, a quien investigan por su presunta participación en el secuestro de sus 11 colegas de la Asamblea del Valle, quienes fueron asesinados por las Farc. López estuvo detenido dos meses, luego de que Montealegre anunciara, con bombos y platillos, que el país se sorprendería por los casos de la llamada ‘farcpolítica’. Al final, mientras desechaban una prueba tras otra, la Fiscalía decidió dejarlo en libertad alegando que había sido engañada.

A éstos se suma, por ejemplo, el caso de Javier Giovanny Ceballos, acusado del homicidio de su esposa en el centro comercial Gran Estación de Bogotá, con quien una fiscal estuvo a punto de fijar un preacuerdo que disminuía en un 47% su condena. Cuando este diario alertó sobre el problema, hubo también un reversazo inmediato. Y hay más casos, pero citarlos se nos antoja innecesario a esta altura. El punto ha quedado claro.

¿Qué tanta legitimidad puede tener el jefe del ente investigador con este camino tan poco firme? Un fiscal general debería ser un funcionario público que guíe el accionar de toda una entidad, que le ponga por norte unos principios rectores, que se encargue de forma responsable de entregarle al país resultados en términos de justicia. El caminado del fiscal ha sido muy errático, a veces irresponsable. Algo es claro y es que no es enteramente su culpa; cuando mucho tiene que ver con el descuido en las actuaciones de sus subalternos. Sin embargo, antes de anunciar en los medios los avances de las investigaciones, debería estudiar los casos para ver cuánto de lo que le dicen es veraz, jurídica y políticamente hablando.

Llegó la hora de avanzar, señor fiscal, y poner la casa en orden. Porque lo positivo de retractarse y aceptar el error (que es mucho, al lado de persistir en él) no borra en nada las faltas anteriores.