Impuestos: el inicio de un debate

Sea que haya sido una filtración estratégica para medir las aguas o no, lo cierto es que hubo un rechazo general al aspecto de la reforma que quizás más afecta a las clases bajas y medias a las que se suponía iba a beneficiar: la propuesta de introducir —contra la promesa electoral tallada en mármol— un IVA del 5% a alimentos básicos incluidos en la canasta familiar. ¿Si no se está en busca de más recursos, era necesario plantear este impuesto al consumo que necesariamente se traslada al precio de los alimentos y, por lo mismo, afecta mayormente a los menos favorecidos? La provisión de un enrevesado sistema de devoluciones, incluso superiores al impuesto, a los más pobres para garantizar un efecto redistributivo, a nadie convenció —comenzando por el propio presidente Santos, quien desde Oriente desautorizó a su equipo—. La institucionalidad necesaria para hacerla posible es inexistente y, en la práctica, impensable de establecer.

Hay otros puntos grises, como, por ejemplo, el de las remesas. Es cierto: buena parte de ellas son dineros calientes y, en este sentido, ¿por qué no hacer tributar a los narcotraficantes? No obstante, la otra parte corresponde a dineros limpios de aquellos que con esfuerzo se fueron a tratar de ayudar a los suyos desde el exterior y no es justo gravarlos por ese otro propósito.

Algo más se esperaba de la reforma: que deshiciera los entuertos que a la luz de la llamada “confianza inversionista” se introdujeron en la pasada administración, en particular, las exenciones y las zonas francas. Con cierto desengaño ha recibido la opinión este aspecto, pues la seguridad jurídica —importante, sin duda, como garantía para la inversión que ha llegado y debe seguir llegando— ha sido puesta de presente para eliminar solamente algunas exenciones y mantener las zonas francas. Con todo, la reforma propone disminuir los impuestos a las empresas que están por fuera de estos paraísos fiscales para hacerlas más competitivas y gravar duramente, no la renta —pues no se puede, la característica de las zonas es esa: sólo el 15% de tributo—, sino los dividendos. En otras palabras, el Gobierno busca recuperar el dinero perdido, no a la hora del “raponazo” —agravado con la transferencia contable de las ganancias del resto de la compañía a las zonas francas—, sino en el momento de repartir la tajada. Creativa solución que, sin embargo, tropieza con la aplicación de una doble tributación y con un golpe al dinamismo y democratización que venía alcanzando el mercado accionario.

¿Hay algo que hacer con la renta que pagan los individuos? En realidad nada, en Colombia sólo el 15% de las personas pagan renta —sin saberlo, se descuenta por nómina— y no cabe exigir que más personas lo hagan: cerca del 70% de la población gana menos de $1’500.000 y, de ellos, 50% gana menos de un salario mínimo. ¿Y los ricos? Normalmente no son empleados, no reciben un sueldo, tienen compañías y reciben dividendos. De ahí que gravarlos no sea mala idea.

El debate apenas se ha iniciado y, aunque el ruido generado es explicable, aquí se plantean nuevas ideas que no se deberían desechar a destajo. Vale la pena analizarlas. En la polémica propuesta del IVA a la canasta familiar, por ejemplo, hay una intención loable: la formalización de la economía. Las zonas grises son varias y no hay que dejar que el pensamiento se acomode a lo que se ha juzgado previamente. Las razones técnicas nunca pesan más que las políticas, pero hay que asegurarse de que las razones políticas no se queden en la mera demagogia.