Impunidad, al fin y al cabo

Eso fue hace más de una década. Sin embargo, al día de hoy se nos antoja igual de grave el hecho de que la autoría intelectual de su crimen siga en la impunidad total. Es cierto, el asesino directo fue identificado y condenado a 19 años de cárcel y, aunque sólo pagó cinco y luego fue abatido a tiros en una confrontación con la Policía Nacional en Cali, al menos la justicia llegó. El problema, sin embargo, no es tanto identificar a quien dispara. El que da el tiro y mata por orden de otro es un eslabón diminuto en la larga cadena de acallar a la prensa por medio de la violencia. Lo más importante, por supuesto, es saber quién da la orden: quién manipula a los títeres y busca, con ello, dar golpes certeros e irreversibles para Colombia.

Soto dio algunos nombres: Luis Arley Ortiz, alias Pereque, y Luis Miguel Tabares, alias Tilín. Capturado este último en 2002, sólo decidió colaborar con la justicia seis años después: uno de los nombres que salieron a relucir en este tardío aporte fue el del excongresista caldense Ferney Tapasco, a quien le dictaron medida de aseguramiento hasta 2011. Increíble que en un caso de tamaña importancia la justicia presente tantas dilaciones injustificadas. Un año después inició el juicio en su contra.

Esta semana —un año más en las cuentas— nos enteramos de que no, de que Tapasco finalmente fue absuelto. La Fiscalía presentó a nueve testigos que parecían señalarlo como autor intelectual del crimen: lo vincularon por las molestias que le generaban los editoriales del periodista asesinado a tiros. Desde esa tribuna Sierra señaló sus vínculos con las autodefensas. Nada salido de la realidad, puesto que la justicia pronto confirmó estas sospechas y lo condenó por sus relaciones políticas con el frente Cacique Pipintá. Pese a todo esto, el juez único especializado de Pereira lo absolvió, ya que consideró que las pruebas no eran contundentes, más allá de toda duda razonable. La justicia se ha pronunciado y mal haríamos nosotros en meternos en su rol y criticarla. Que la Fiscalía use los mecanismos legales que aún están a la mano es lo único que podemos exigir desde este espacio.

Sin embargo, valga una aclaración, la misma que hizo la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP): es innegable que el paso del tiempo desconsiderado tiene un efecto grande en la impunidad en este caso. Asesinado Sierra en 2002 y recibidos los testimonios en 2003, es intolerable que la sentencia —absolutoria o no— llegue 12 años después. Es una vergüenza y un atropello a los derechos de las víctimas (y de paso al país entero) que no se tenga noticia de una justicia pronta y efectiva.

No fuimos capaces, entonces. Esa es la reflexión. Así como no fuimos capaces, según las cifras de la misma FLIP, de emitir una sola sentencia de autoría intelectual en los asesinatos contra periodistas que ha recaudado esa fundación en sus conteos. Una democracia no tiene sentido sin un periodismo libre. Y si no somos capaces de dejar de matar a quien cuenta las cosas de este país, lo mínimo, que no se ha logrado tampoco, es saber cómo y quién está fusilando a la opinión pública. ¡Qué tristeza!