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Los argumentos propuestos por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para que el presidente Iván Duque objete la ley estatutaria de la JEP son maromas para reabrir debates que ya fueron saldados por los mecanismos constitucionalmente dispuestos para hacerlo. Peor aún, son una invitación a irrespetar el equilibrio de poderes y a dinamitar la justicia transicional. ¿Va el Gobierno Nacional a cometer tal irresponsabilidad?
En un comunicado, la Fiscalía de Martínez le propone al presidente Duque objetar la ley estatutaria de la JEP por inconveniencia. El problema es que los argumentos que sustentan su petición, que son reparos que el fiscal ha hecho a la justicia transicional desde hace varios años, ya fueron estudiados por la Corte Constitucional. Y no solo eso: fueron incorporados al articulado o fueron desestimados por completo.
Aunque se diga que es un asunto de mera “inconveniencia”, las críticas propuestas se hacen en realidad a la constitucionalidad de la ley estatutaria. Y si el guardián de la Constitución ya avaló la ley, ¿por qué tendría el presidente la opción de contradecirla?
El fiscal y el presidente pueden, por supuesto, estar en desacuerdo con una interpretación adoptada por la Corte Constitucional. Nosotros en este espacio hemos disentido en varias opiniones de ese tribunal. Pero como funcionarios deben respetar que ella es la que tiene la última palabra sobre lo que autoriza o no la Constitución. Adoptar argumentos de constitucionalidad, así se disfracen de ser de inconveniencia, es irrespetar al tribunal y sus atribuciones, así como desestabilizar el equilibrio de poderes.
Sí, el presidente Duque tiene el poder de realizar la objeción, pero esta es una facultad excepcional que no debe ejercerse a la ligera. En este caso, la Presidencia estaría desconociendo las decisiones del Congreso y de la Corte Constitucional. Además estaría ayudando a dinamitar la importante labor de la JEP.
La JEP va a seguir funcionando, por supuesto, pero sin una ley estatutaria deberá operar a punta de interpretaciones. Esto, a su vez, va a servir para que sus críticos la acusen de estar actuando sin regulación o generando jurisprudencia en nombre propio; en síntesis, la justicia transicional va a quedar cojeando. Eso se parece mucho a “hacer trizas el Acuerdo de Paz”, como anunciaron que harían al llegar al poder miembros del Centro Democrático durante la última campaña presidencial.
¿Cómo se construye la unidad nacional si se permite que se sigan saboteando las piezas claves de la implementación del Acuerdo de Paz? Parece imposible.
Señor presidente, no hay motivos para objetar la ley estatutaria de la JEP. Hacerlo sería desestabilizar la justicia transicional, fomentar la idea a nivel internacional de que en Colombia prima la inseguridad jurídica y que el Estado incumple su palabra, y utilizar argumentos ya saldados para obtener un triunfo político de dudoso valor. Las instituciones están para respetarse. Si desde Presidencia se decide desconocer el equilibrio de poderes, todo el sistema se verá vulnerado.
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