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La figura de la revocatoria es válida. Está al mismo nivel del voto, del plebiscito o del referendo. Es un logro de la participación ciudadana en nuestro ordenamiento legal. Se trata, nada menos, que de una de las formas más puras de ejercer lo que etéreamente se conoce como la soberanía. Entonces, venga, que lo usen los ciudadanos. La pregunta no es tanto por su validez como por la realidad que representa: ¿por qué sucede? Si bien la esencia de la revocatoria es usarla cuando la ciudadanía perciba que el mandatario no ha cumplido el programa que lo montó en el poder, la “indignación generalizada” puede ser también una razón. Así nos lo recordó, al menos, el registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez.
Veamos, entonces, los casos. Cuatro no superaron la revisión de firmas: Rubén Acuña, alcalde de Contratación (Santander); Mario de Jesús Restrepo, de Gómez Plata (Antioquia); William Bresneider, de Usiacurí (Atlántico), y Myriam Serna, de Vigía del Fuente (Antioquia). En el primer caso, por tomar un ejemplo, se trató de que un ciudadano, Jorge Pardo, se quejó y se unió a varios líderes políticos porque, según lo que le dijo a Vanguardia Liberal, “(Acuña) hizo un compromiso político conmigo, más como personal y hasta el momento no me ha cumplido, entonces yo quise hacer eso, pero en general el alcalde sí ha gestionado y ha hecho muchas cosas buenas por Contratación”. ¿Qué dice este testimonio sobre nuestra democracia? ¿Se trata de un juego de favores que puede poner en riesgo la institucionalidad o la legitimidad de un mandatario?
Dos procesos están en revisión: Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá, y Húver Ramos, de La Sierra (Cauca). Al de Bogotá le llegó un oficio de la Procuraduría, a través de su delegada para la descentralización y las entidades territoriales, diciéndole que en este proceso hay que abstenerse de omitir opinión, siguiendo la regla implantada por el artículo 127 de la Constitución. Y la interpretación de este artículo, ciertamente, da para entender esto. Le cae como un balde de agua fría a Gustavo Petro, quien, en el tono confrontacional al que nos tiene acostumbrados, ya había salido a decir que su nombre había salido varias veces en las listas y estaba encantado de entrar en una batalla política de la que seguramente iba a salir fortalecido como buen político que es.
En el caso de Petro, mucho se han sentido sus peleas, no sólo de cara al proceso revocatorio: que el pánico económico, que el lío penal de las basuras, que los grupos de poder en su contra… Y así, el resto: siete que ya están en etapa notificatoria: en Angostura (Antioquia), en Achí (Bolívar), en Campoalegre (Huila), en Florencia (Caquetá), en Ponedera (Atlántico), en San Marcos (Sucre) y en Santiago (Putumayo). Porque no han cumplido con su mandato, para unos casos; porque no se siente confianza, para otros. El caso es que ya están en una etapa en que se decidirá su suerte.
Si bien la revocatoria es un proceso democrático, la gran afectada es a la vez la democracia: ¿es que los ciudadanos no están votando bien? ¿O es que se está abusando de los mecanismos de participación? O, peor, ¿es que aquí no hay candidatos fuertes? Los partidos políticos, ante la crisis que reflejan estos procesos, deberían revisarse a sí mismos, pues es de allí de donde provienen los problemas. No es gratis esto que está sucediendo.