¿Intervención política o protección al ciudadano?

Más de una decena de ciudadanos, plenamente identificados y dispuestos a ratificar lo atestiguado, afirmaron que en las mismas elecciones de 2007, Pérez contó con el apoyo de paramilitares y criminales de la ciudad. El sacerdote Óscar Alberto Ortiz, hoy procesado por homicidio; Antonio López, alias Job, y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, fueron, entre otros, los nombres vinculados con Pérez. Alonso Salazar, sin embargo, le ganó a Pérez las elecciones de 2007 y venció al llamado brazo político de los desmovilizados. Este año lo venció de nuevo cuando le facilitó el triunfo a Aníbal Gaviria para la Alcaldía de Medellín tras sumar su declaración a la de los ciudadanos: “No sólo puedo ratificar todo lo que he dicho de las elecciones pasadas, sino que también ya hay indicios muy graves de esa cooperación de los paramilitares en la actual campaña”, sostuvo Salazar en Caracol Radio hace tres meses, antes de la votación.

Hoy, Salazar es investigado por la Procuraduría por posible intervención indebida en política. El Ministerio Público tomó esa decisión al considerar que las declaraciones rendidas por Salazar comprometían la conducta penal del candidato Pérez y cuestionaban su imagen al exponer en los medios de comunicación fotografías con las que ponía en conocimiento de la opinión pública al citado candidato con personas, al parecer, vinculadas con grupos delincuenciales que operan en Medellín. Así las cosas, Salazar, por denunciar los vínculos de Pérez mientras ocupaba la Alcaldía, podría terminar inhabilitado por años. Salazar se defiende: “Si con esa denuncia sobre Pérez yo estaba limitando la libertad del elector, ocultando la verdad estaba haciendo lo mismo”. Y no se defiende solo: varias figuras y ciudadanos justifican la intervención del exalcalde, pues consideran, al igual que él, que habría sido irresponsable callar sobre los presuntos vínculos criminales de alguno de los candidatos.

¿Qué hacer, entonces, cuando se transita entre los linderos de lo correcto y lo legal? Eso lo decidirá la Procuraduría, pero lo cierto es que la zona gris que acá se abre es amplia. No es lo mismo intervenir en política para avanzar los intereses propios, que hacerlo para proteger a los ciudadanos. Aunque la democracia más que la voluntad popular es el control de los poderes a través de las instituciones y éstas ciertamente no pueden valer según el caso, sería apático perder de vista que una sociedad verdaderamente democrática requiere tanto de estas normas como de una cultura de legalidad, y fue precisamente la radical falta de esta última la que se hizo pública cuando se dieron a conocer los presuntos oscuros nexos del candidato Pérez. Qué es lo indebido no puede suprimirse de su contexto.

Hoy se deben conocer las respuestas que presentó la defensa del alcalde de Medellín. Con este procedimiento se espera que se cierre la etapa probatoria de la investigación que se le sigue Salazar. También hoy, la procuradora delegada para asuntos electorales, María Eugenia Carreño, ha de señalar fecha y hora para el alegato de conclusión. A pesar de las dificultades morales del caso, se entiende que la Procuraduría adelante sus deberes. Lo que no se entiende tanto es la instrucción impartida por el titular del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, de darle celeridad al proceso. No es habitual que lo que tarda regularmente tres meses se termine en uno solo. Se espera, de todas formas, que sea una decisión meramente de eficiencia, y no una que tenga por fin enfriar a la opinión pública durante el cambio de año evitando que se pronuncie a favor del alcalde Salazar. Una estrategia semejante sería verdaderamente penosa.