La Carta de Nicolás Maduro

Las últimas medidas adoptadas en Venezuela son arbitrarias y violentan el Estado de derecho. El autogolpe que dio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al suplantar a la Asamblea Nacional (AN) desbordó la paciencia internacional. De allí que un grupo de países de la OEA, entre los cuales Colombia jugó un importante papel, decidieran agarrar el toro por los cuernos y atender la solicitud de Almagro para aplicar el mecanismo multilateral de la CD. La comunidad hemisférica entendió así, por fin, que no quedaba otro camino. La resolución aprobada establece que los hechos recientes “son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional”. Y que “A pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas decisiones, es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático”.

Frente a esta situación conflictiva, el camino más viable suele ser el diálogo y el entendimiento entre las partes. Sin embargo, el mismo naufragó a finales del año anterior de la peor manera: hundido por el propio Gobierno, que lo utilizó de manera vergonzosa para engañar no solo a la oposición, sino al Vaticano y a la expectante comunidad regional. Para ello se prestaron el entonces secretario general de Unasur, el expresidente Ernesto Samper, así como tres expresidentes que actuaron como mediadores. El objetivo central del chavismo se cumplió a cabalidad: abortar el temido referendo revocatorio, previsto en la Constitución, antes del 10 de enero del presente año, que hubiera sacado a Maduro del poder. Además, el Gobierno mantiene un gran número de presos políticos, no realizó las elecciones regionales y desconoce al parlamento. Ganó por todos lados.

Así las cosas, y dado que el régimen decidió radicalizar su talante autoritario y represivo en las últimas semanas, desenmascarándose del todo, es que se aprueba la trascendental resolución por parte de la OEA, que urge “al Gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional” y a “mantenerse dispuesto a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y el Estado de derecho en el marco constitucional”.

Hasta el momento, la respuesta del presidente Maduro y la canciller Delcy Rodríguez ha sido un no rotundo, al desconocer la validez de la misma. Así las cosas, el próximo paso lógico debería ser la convocatoria, a la brevedad posible, a una reunión de cancilleres de la OEA para que se tomen las medidas pertinentes, entre ellas la eventual suspensión de Venezuela de la organización, llegado el caso. La reciente decisión autoritaria adoptada de inhabilitar por 15 años a Henrique Capriles, líder, junto al encarcelado Leopoldo López, de la oposición, es otra arbitrariedad propia de un gobierno dictatorial.

Lo cierto es que la gente está de nuevo en las calles y ya le perdió el miedo a la represión gubernamental. Un muerto, un alto número de heridos, manifestantes detenidos y el incendio de la sede política de Capriles no auguran nada bueno para el gobierno. Nicolás Maduro debería actuar con grandeza, fijar inmediatamente elecciones anticipadas, liberar a todos los presos políticos y devolverle el poder esquilmado a la Asamblea Nacional. En caso contrario, el desenlace para la crisis en Venezuela es impredecible.

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