La censura erótica

La senadora Rodríguez pertenece a una fuerza política que alimenta su creciente poderío de las asociaciones de devotos cristianos. Junto a su esposo, el pastor César Castellanos, hace parte de la Misión Carismática Internacional. Tras militar en Cambio Radical, donde se le vio muy activa oponiéndose a los derechos de la población LGBT, pasó al Partido de la U. Cuenta con el respaldo del presidente Uribe, quien no ha sido particularmente discreto con su credo religioso, pero no olvida el potencial electoral que estas asociaciones religiosas suponen. Y forma parte, como otros legisladores, de lo que ya algunos denominan una contrarreforma conservadora y que tiene, entre sus reaccionarios manifiestos, la oposición a la despenalización del aborto, la eutanasia y la dosis mínima.

En este contexto deben enmarcarse las justificaciones del proyecto de ley con el que, de manera eufemística, se intenta “reglamentar” lo que a todas luces no es más que una prohibición. En aras de la defensa de “la moral y las buenas costumbres”, la senadora pretende que en adelante las portadas de los medios de comunicación digitales e impresos sean sometidas a una estricta evaluación.

Explica el proyecto de ley que aquellos contenidos de “pornografía leve” en los que puedan apreciarse “personas desnudas o semidesnudas en distintas posturas eróticas reales o simuladas” no tendrían la aprobación estatal requerida para circular por la red o en la calle. No bastaría entonces con la sola pornografía explícita, que por cierto ya es objeto de regulaciones, sino que cualquier frontera con el erotismo habrá de ser igualmente abolida.

Los usufructuarios de la nueva reglamentación, junto con la moral y las buenas costumbres que aparentemente precisan conservación infinita, serían los niños. Es a partir de los derechos de los niños que el proyecto de ley argumenta como necesaria la nueva censura. Por si éstos no fueren lo suficientemente destacables, también se aboga por los derechos de los adolescentes. Y un poco más adelante, pero por razones de protección a la dignidad, se apela a los derechos de las mujeres. En la exposición de motivos, también, se dice que “las imágenes sexistas” son de gran impacto para “quienes padecen problemas de salud mental”.

Nadie se opone a que se discuta la ética con la que los medios de comunicación venden algunas de sus portadas, el no menos complicado tema de la pornografía infantil en internet o la cosificación de la mujer y su uso y abuso para sacar ventajas comerciales. Pero cada cosa puede hacerse por separado y sin chantajes: no parece mera casualidad, y sí más bien un abuso de sensible impacto en la opinión, que los derechos de los niños aparezcan como motivación principal de todo proyecto de ley que tiene por objetivo la censura.

Iniciativas como éstas son menos inofensivas de lo que parecen. Pese a que la pregunta natural es por qué no ocupar el precioso tiempo que tiene un congresista en legislar en torno a tantos y tan variados temas que precisan atención, no se debe bajar la guardia ante este tipo de prohibicionismos. Pronto no serán las imágenes, sino determinadas palabras las que no podrán utilizarse. Y de ahí a las ideas sólo habrá un paso.