La grave crisis institucional en Perú

El Perú enfrenta una compleja situación que debe tener una solución dentro del Estado de derecho, acudiendo al organismo competente para resolverla, en este caso, el Tribunal Constitucional (TC). El presidente Martín Vizcarra, acudiendo a un mecanismo legítimo, decidió disolver el parlamento y convocar elecciones. Parece contar con el apoyo de la mayoría de la población. La confrontación entre el Ejecutivo y la mayoría opositora fujimorista en el Legislativo llevó a que allí se decidiera destituir a Vizcarra y nombrar en su reemplazo a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz. El motivo real de la crisis sigue siendo el lastre de la corrupción del caso Odebrecht.

La solución que se encuentre, pronta y con apego a la Constitución, debería convertirse en la garantía de la continuidad democrática sin los sobresaltos de los últimos años. No puede ser de otra manera. El último incidente ha sido la elección de seis integrantes del TC en el Congreso. Fuerza Popular, el partido de la encarcelada Keiko Fujimori, logró la mayoría en las elecciones de 2016, con 76 de las 130 curules, y desde entonces ha buscado cogobernar a como dé lugar. El objetivo: que la clase política corrupta se libre del escándalo generado por la constructora brasileña. El escándalo afecta a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, que se suicidó en abril pasado. Además de Keiko Fujimori, procesada por lavado de activos para su campaña, con dinero de Odebrecht.

Martín Vizcarra se ha jugado a fondo al proponer medidas que saneen la endémica corrupción frente a la oposición frontal del Congreso. Para solventar la situación, este propuso hace un par de meses al parlamento que se adelantaran las elecciones generales. La medida fue archivada. Lo que está en juego ahora es que el TC tiene en sus manos el caso de la constructora brasileña, así como la liberación de Alberto Fujimori. El Congreso presentó la semana anterior una “lista exprés”, conformada con 11 candidatos para cubrir las seis vacantes. El Ejecutivo decidió bloquear la maniobra y planteó una “cuestión de confianza”, mediante la cual, si una propuesta de reforma legal o política del Ejecutivo no es aceptada, se puede disolver el Congreso. Los congresistas hicieron caso omiso de la solicitud presidencial y designaron a un nuevo magistrado para el alto tribunal. Amparado por el art. 134 de la Constitución, el presidente disolvió al parlamento y vino la retaliación del Legislativo destituyéndolo.

Este ambiente de caos institucional se debe en buena medida a que el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, debe rendir nueva indagatoria ante la Fiscalía en estos días. Entre los temas por ventilar se encuentra el de los congresistas financiados de forma irregular por esa compañía. De llegar al TC, los nuevos magistrados escogidos irregularmente por el Congreso podrían anular un importante acuerdo vigente, que cuenta además con el aval de la Fiscalía, y se caerían los procesos adelantados con anterioridad, beneficiando a los involucrados en estos casos de corrupción.

“Que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón: si a la mayoría parlamentaria que hoy disuelvo y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría”, dijo el presidente al anunciar la medida. La decisión de convocar a nuevas elecciones para enero de 2020, amparada por la carta máxima, les permitiría a los electores escoger un nuevo Congreso que asegure un mínimo de gobernabilidad democrática.

De momento, las Fuerzas Armadas reconocieron en un comunicado a Vizcarra como el presidente legítimo, y la población, hastiada de las historias de corrupción que han generado esta crisis, lo apoya mayoritariamente. Perú necesita y merece transitar por un camino de estabilidad en democracia.

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