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A partir del análisis serio y objetivo, libre de ideologías y creencias por todos conocidas pero igual hegemónicas en lo que tiene que ver con la lucha contra las drogas, los tres ex presidentes confirmaron que es preciso y deseable un giro radical que nos permita escapar de las nefastas consecuencias de la prohibición. Su propuesta, bienintencionada y de enorme pragmatismo, se centra en la transformación de los adictos en pacientes; la promulgación de campañas de prevención; nuevas y más humanas estrategias contra los cultivos ilícitos; mano fuerte con el crimen organizado; y la despenalización, no de todas las drogas, pero sí de la marihuana.
Con todo y con que el enfoque se limita al consumo de las drogas, y en ello evidentemente ya hay un avance que difiere de la mera persecución de los adictos, el silencio frente a la producción sigue siendo un tema tabú que países como Bolivia —en donde la hoja de coca ha sido recientemente declarada factor de cohesión social— difícilmente recibirán con agrado. De cualquier manera, abrir el debate con un rechazo absoluto a la continuación de la guerra contra las drogas permite pensar que la solución para los países más afectados está en sus propias manos.
Evidentemente el camino sugerido lleva implícita la filosofía de la reducción de riesgos en el consumo como punto medio entre la legalización y el fin del prohibicionismo. Como tal, está dirigido fundamentalmente a la Unión Europea y la esperanzadora llegada del nuevo mandatario estadounidense, Barack Obama, de quien se sabe aceptó sin complejo haber consumido algunas drogas y de quien se espera un mayor compromiso con la salud pública antes que con la criminalización.
Pero la iniciativa de los ex presidentes, más allá de sus intenciones políticas y de la búsqueda de consensos que permitan hacer realidad el cambio de paradigma, se inserta también en el deseo explícito de modificar las consecuencias de la guerra contra la droga en sus propios países. No es entonces casual que la vocería la tengan tres países que, como Colombia, México y Brasil, han sufrido en carne propia los embates del prohibicionismo.
Otra cosa parece pensar, sin embargo, el presidente Uribe, quien tan pronto supo de la propuesta, procedió a reunirse con su bancada para exigir le sea cerrado el paso a la legalización de la droga. Insistió, de hecho, en que en la próxima legislatura que inicia el 16 de marzo retomará el proyecto de ley con el que siempre ha deseado castigar el porte y consumo de la dosis mínima. Según narró el senador Samuel Benjamín Arrieta, el Primer Mandatario fue aun más enfático al exigir que, en vez de paliativos contra el consumo, mayores judicializaciones son requeridas.
Desafortunadas palabras que nos realinean con la política prohibicionista practicada por el deslegitimado gobierno del ex presidente George W. Bush y nos convierten en la propia piedra en el zapato; palabras que desalientan y que de no asumirlas con la usual impotencia con que solemos aceptarlas, deberían movernos a pensar si el flagelo de la imposición prohibicionista, antes que emanar de los países más fuertes que se supone toman las decisiones unilateralmente, no habita con descaro entre nosotros.