Las finanzas de la guerra

Azuzados por el debate, más de uno ha salido a vociferar que como los pobres son los únicos que van a la guerra, los ricos están en la obligación de costearla. Otros exigen que el dinero se destine, mejor, a la educación, las carreteras y la cultura. Unos más, indignados, se preguntan si la guerra no le es acaso funcional a los militares y las élites del país, si la guerra, en suma, no es la que garantiza la reproducción del orden social actual. Y hay quienes recuerdan,  estudios en mano, que el gasto  militar es elevado y ya está por encima del que la economía puede financiar.

Ante la petición del empresario Luis Carlos Sarmiento —que de nuevo pone a correr al Gobierno, y éste a pensar al país—, el presidente Uribe hizo explícito que el impuesto a la guerra deba ser permanente. Y no se descarta que todos los colombianos debamos aportar, como si se tratara de cualquier otro rubro del presupuesto nacional, de manera escalonada. El impuesto al patrimonio, hoy cancelado por quienes disponen de un capital igual o superior a los tres mil millones de pesos, fue tramitado hasta 2010 en calidad de recurso extraordinario. Como los gastos en equipos de movilidad e intendencia, según el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ya se hicieron, en adelante la Fuerza Pública no requiere de la misma cantidad de presupuesto. Pero un nuevo tributo a la guerra, bajo la visión oficial, parecería ineludible.

La guerra en Colombia no ha terminado. En los últimos años los réditos de la implementación de la seguridad democrática, aunque opacados por la violación a los derechos humanos y un pragmatismo poco ético en la lucha antisubversiva, son visibles hasta para la más cerrera oposición. Y aun así el conflicto persiste. Debilitadas, y no tan cerca del comienzo del fin que tanto  se pregona, las Farc siguen siendo una amenaza. Amenaza que no podrá ser enfrentada sin los dineros requeridos, y menos ahora que Estados Unidos seguirá reduciendo sustancialmente su ayuda bajo el Plan Colombia.

Con todo, ello no significa que los colombianos debamos hacer extensivo al gobierno Uribe, o al que le siga, un cheque en blanco para la guerra. Antes de lanzar una propuesta de aumentos en la tributación sin mayor justificación que continuar con la política de seguridad democrática, los ciudadanos quisiéramos saber en detalle la justificación de esos gastos y las políticas de austeridad que se manejan en nuestras Fuerzas Armadas. Conocer, por ejemplo, en qué se gastan dineros  como los que, bajo el rubro de gastos reservados, suman cifras nada despreciables. ¿Estamos dispuestos, por ejemplo, a pagar más impuestos para que se paguen millonarias recompensas a criminales que asesinan a sus comandantes en la guerrilla o para enviar a  secuestradores a vivir a Francia?

Ciertamente la seguridad alcanzada no puede cederse por falta de recursos. Pero bien cabe una revisión interna a los métodos y el uso de los recursos antes de salir a simplemente pedir más dinero.

Por lo demás, el llamado a un nuevo impuesto, uno más que era transitorio y ahora se convertiría en permanente, en momentos de una crisis económica como la que atravesamos, es contrario a cualquier lógica. Que sea este, por el contrario, el pretexto perfecto para revisar el sistema tributario colombiano. Los ajustes idiosincráticos, las exenciones a los grandes empresarios, los acuerdos de estabilidad, las enemil gabelas de las que goza más de un acaudalado, la realidad, pues, de un sistema tributario que perdió su proporcionalidad y ahora es perfectamente plano, bien valdría la pena ser reconsiderado.