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El viernes, la Fiscalía capturó en dos hoteles de la ciudad a Luis Alberto Gil (exsenador santandereano), Carlos Julián Bermeo (fiscal de la JEP), Ana Cristina Solarte (pareja de este), Luis Orlando Villamizar (un hombre de confianza de Gil) y Yamit Prieto Acero. Según un video publicado por el ente investigador, Bermeo estaría recibiendo US$40.000, provenientes de Gil, para influir en el proceso de extradición de Jesús Santrich, por lo que fueron capturados en flagrancia. La información que se ha dado a conocer es que, presuntamente, Bermeo le habría exigido a Gil y compañía una suma de US$2 millones para intervenir en el proceso. El exsenador y sus aliados estaban actuando como intermediarios para los interesados en que se viera modificado el resultado de las deliberaciones que la JEP hace sobre si extraditar o no al exjefe de las Farc.
A la fecha, eso es todo lo que sabemos. Ayer la captura de las personas fue legalizada y se espera que hoy la Fiscalía lleve a cabo la imputación de los delitos del caso. Quedan, eso sí, muchas preguntas.
Empecemos por las precisiones que sí pueden darse. Tan pronto se dieron a conocer los hechos, Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, dijo en rueda de prensa que Bermeo no tenía ningún tipo de incidencia en el proceso contra Santrich. Lo propio dijeron los magistrados de la JEP, representados por Patricia Linares, directora de la jurisdicción. En efecto, el tribunal no había solicitado nada de la Fiscalía de la JEP para los efectos de su evaluación de la situación del exguerrillero de las Farc.
¿Por qué, entonces, Bermeo logró convencer a los involucrados de su capacidad de influir sobre la decisión? Le corresponde a la Fiscalía General explicarlo.
Álvarez también dijo que él vinculó a Bermeo a la Unidad “porque cumplía con todos los requisitos de ley para el cargo”. Aunque observando su hoja de vida es cierto, también es evidente que el fiscal capturado tenía una larga historia política: fue concejal de Popayán (2004-2007) por el movimiento político de Gil (primero conocido como PIN y luego, Opción Ciudadana) y personero delegado (2014-2015). También fue precandidato a la Alcaldía de la capital del Cauca. Si era tan cercano a un parapolítico (Gil fue condenado en 2012), ¿no era eso un descalificador para trabajar en una entidad tan importante? ¿Por qué les ganó a los muchos otros candidatos con similares capacidades que no contaban con ese pasado político? Exigir que caiga todo el peso de la ley sobre Bermeo, como lo hizo Álvarez, no es suficiente para evitar la responsabilidad política de su nombramiento. ¿Hay otros fiscales cuya hoja de vida pueda causar preocupación? Lo que está en riesgo es la reputación de la justicia transicional.
Más allá de eso, es clave conocer quiénes fueron los que dieron los recursos para el soborno. La defensa de Santrich dijo que todo se trata de un montaje, pero la situación es mucho más compleja y no se soluciona tan fácil. ¿Por qué un parapolítico se convierte en un intermediario para favorecer a un exguerrillero?
Es momento de cautela. También, de juzgar los hechos en sus adecuadas proporciones. Toda la labor de la JEP no se desacredita por lo ocurrido, pero el país necesita respuestas.
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