Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El problema, vale la pena decirlo de entrada, no es de personas. El candidato de la Constitucional, Edgardo Maya Villazón, cuenta con una vasta carrera de servicio público y si bien se le puede criticar por no tener formación en las ciencias económicas —mucho más afines a la labor de un contralor—, su preparación jurídica no admite discusión alguna y sirve también a la labor de control fiscal. Nada, en breve, que no pueda superar un buen equipo técnico que lo complemente. Ese no es el asunto central para estar preocupados.
El procedimiento seguido por la Corte Constitucional para llegar a su nombre se aleja del ideal de transparencia e independencia que debería rodear toda selección de una cabeza en los entes de control. Un ideal que tanto menos debería ponerse en riesgo hoy, cuando crece el movimiento de opinión en contra de los cruces de favores entre magistrados, el “yo te elijo, tú me eliges” y el “todo vale” que se venían apoderando de las altas cortes y que acaban de costarle la elección a un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura (seguramente a uno más también) y otro de la Corte Constitucional, por decisión valiente del Consejo de Estado. El palo no está para cucharas, como se dice coloquialmente, ni sostener que en la elección de contralor en el pasado siempre han pesado las presiones de corte político. Ya no más.
La historia de la selección de Maya para la terna ya es conocida: estuvo para una primera votación, con los exmagistrados Jaime Arrubla y Camilo Tarquino, pero ninguno obtuvo la mayoría, razón por la cual se debían encontrar nuevos candidatos. Y así fue. Aparecieron 54 aspirantes adicionales, pero en sendas votaciones tampoco hubo uno que lograra la mayoría. Ante el apremio del tiempo, según ha explicado el presidente de la Corte, Luis Ernesto Vargas, los magistrados echaron mano de una interpretación de una salvedad que contempla el reglamento para así revivir la candidatura de Maya y finalmente elegirlo para la terna.
¿Legal? Quizás sí. Pero la duda de que se estiró la norma para resucitar al candidato con el mayor apoyo político, del Partido Liberal y del propio presidente de la República, cabe y mancha el proceso. Tanto más en cuanto en dicha selección participaron al menos dos magistrados que fueron subalternos suyos cuando fue procurador (verbigracia, la misma inhabilidad que provocó la decisión del Consejo de Estado la semana pasada contra el magistrado Ricaurte).
Ahora, comenzando por el propio presidente de la Corte, se insiste en que se deben eliminar las funciones electorales de las altas cortes. Sí. Pero no habrá reforma política antes de la elección de contralor. Es necesario actuar ya. O bien la Corte debe recoger los pasos y cambiar de candidato o bien Maya debe entender que —aunque no sea su culpa y tenga méritos suficientes— debe solicitar que su nombre no sea tenido en cuenta. ¿Y de los ternados por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia? Ojalá no tengamos que decir lo mismo, aunque puede ser demasiado tarde.
Conoce más