Los ataques de las Farc

El 20 de junio, el frente 36 dinamitó una radiopatrulla en Antioquia. Tres uniformados y un civil resultaron heridos. El 21 de junio, en Cali, fueron asesinados dos policías en la vía a Buenaventura. Ese mismo día, en Caquetá, la Policía Nacional encontró minada una de las principales carreteras del departamento. El 29 de junio, mientras perseguía a integrantes del frente 26, el comandante Félix Antonio Jaimes falleció en una trampa de explosivos en Antioquia. El balance: cinco atentados en menos de 15 días en las carreteras del país. Difícil escenario, al igual que la conclusión: las Farc siguen teniendo la suficiente capacidad para vulnerar de manera sistemática y simultánea distintos lugares de la geografía nacional. La amenaza no es menor. Pero más importante: no hay razón para hacer creer lo contrario. Prender las alarmas no implica desconocer el avance de la Fuerza Pública, ni tampoco la capacidad de este Gobierno para contener la insurgencia.

Las Farc sí se encuentran en una posición difícil. Están siendo presionadas en sus áreas tradicionales de intervención. Han decidido evitar los ataques frontales con el Ejército y la Policía —básicamente, porque ya no son capaces de sostenerlos— y, en general, su capacidad de ofensiva se ha visto aminorada. Sin embargo, lo que la sucesión de ataques muestra es que, aunque reducida, su fuerza está lejos de desaparecer. Y si algo ha dejado claro la historia del conflicto en el país es que las Farc son capaces de aprovechar con impresionante destreza cualquier espacio que —por descuido, ilusión o cansancio— se les abra. Hoy, la rendija están siendo las vías nacionales. Y no tiene ningún sentido negar esta realidad. El ‘Plan Meteoro’, pensado e instaurado en la administración Pastrana, debe reforzarse. El modelo de vigilancia de la Fuerza Pública sobre las carreteras es conceptualmente sólido y ha probado ser efectivo. Necesita sólo mejor tecnología para  la defensa.

Esto, al tiempo, por supuesto, que se arremete contra las estructuras de las Farc. Un ataque que no puede perderse en la queja ya hecha común de la falta de seguridad jurídica de las Fuerzas. La decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre Las Delicias o sobre los llamados “computadores de Reyes” no significa que ahora los militares se vean impedidos de ir tranquilamente a combate. Las Fuerzas Armadas cometen errores. Eso es algo que pasa. Pero cuando se hace, la única respuesta institucionalmente viable es afrontarlos de cara al país. Lo ha hecho en los últimos días la Policía. Y su moral no se ha visto reducida por desprenderse de policías que colaboraban con las estructuras criminales. Tampoco su popularidad. Mantenerse en las reglas, por supuesto, genera una desventaja frente a la criminalidad, pero conviene poco olvidar que por algo ésta se ubica  “al margen de la ley”.

Las Farc siguen presentes y, en cualquier momento, recuperan el control que las Fuerzas Armadas han asumido. El país tiene que apoyar a sus fuerzas. Pero no en permisividad. El respeto y agradecimiento que se le tiene al Ejército no excluye la rendición de cuentas. Que es incómoda, sí. Que es muchas veces injustificada, también. Desde ya se puede saber que la demanda que se dice se organiza contra la ‘Operación Sodoma’, en la que cayó el Mono Jojoy, no tiene piso. Pero hay que permitir que se denuncie, para que luego muera en los juzgados. Someterse a engorrosos procesos jurídicos es inevitable en un Estado de Derecho. En más de una cosa debemos dejar de engañarnos.